Moira Goldenhörn

Abogada, Investigadora en Sociología Jurídica

El reciente episodio en el que el presidente Javier Milei promovió la criptomoneda $LIBRA, que posteriormente sufrió un colapso en su valor, plantea serias interrogantes desde el ámbito del derecho penal y la ética política. Como abogada dedicada al derecho patrimonial en de las familias, derecho penal y especializada en criptomonedas y blockchain, es imperativo analizar este suceso con detenimiento.

La promoción de activos financieros sin una debida diligencia puede constituir una conducta negligente, especialmente cuando proviene de figuras de alta investidura. El desplome abrupto de $LIBRA y las pérdidas millonarias asociadas evocan esquemas fraudulentos como el "pump and dump", donde se manipula el mercado para beneficio de unos pocos en detrimento de muchos o el "rug pull" donde los desarrolladores de un proyecto inflan artificialmente el valor de un activo para atraer inversores y luego retiran repentinamente los fondos, dejando a los inversores con activos sin valor.

Si miramos en retrospectiva, encontramos que el incidente del 14 de Febrero no es un hecho aislado. En octubre de 2024, el Presidente Javier Milei se reunió en el Hotel Libertador con Julian Peh, fundador y CEO de KIP Protocol, la empresa detrás de $LIBRA. Previo a ello, en diciembre de 2021, mientras se desempeñaba como diputado, Milei promocionó en sus redes sociales a CoinX, una plataforma de inversiones que ofrecía retornos mensuales en dólares de entre 5% y 8%. Posteriormente, la Comisión Nacional de Valores (CNV) intimó a CoinX al cese de sus actividades por presuntas irregularidades y posibles características de esquema Ponzi. Para agregar mayor preocupación al asunto, en una actitud sumamente provocadora, entre uno y otro de los hechos mencionados, a principios de octubre de 2024, Milei recibió en la Casa Rosada a Jordan Belfort, conocido como "El Lobo de Wall Street", quien en los años 90 fue condenado por fraude financiero y lavado de dinero justamente a través de esquemas de tipo pump & dump o rug pull. ¿Es entonces Javier Milei culpable o víctima en esta operatoria irregular? No lo sabemos, sólo conocemos hechos sin duda reprochables para la alta investidura política de Diputado de la Nación y Primer Mandatario; aunque para él, al igual que para cualquier ciudadano que aparenta haber incurrido en una conducta típica y antijurídica, rige el principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario en un juicio, y por tanto, debe ser respetada su persona, sus bienes y su intimidad (aunque esta garantía mínima parezca reñida con el protocolo sobre incautación de criptoactivos en contextos delictivos de reciente sanción por el Ministerio de Seguridad de la Nación, el que merece un análisis aparte). La Justicia se expedirá oportunamente sobre la responsabilidad penal que pudiera caberle.

Volviendo al punto en cuestión sobre $LIBRA y las pérdidas millonarias para inversores incautos, analizando los hechos desde una perspectiva feminista crítica, es crucial destacar cómo estas maniobras financieras proliferan en contextos de crisis económica y afectan desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables, incluyendo a mujeres y otras comunidades marginadas. La falta de transparencia y la promoción irresponsable de activos volátiles perpetúan dinámicas de poder desiguales y exacerban la inequidad económica que, se supone, se equilibraría con inversiones adecuadas. Así las cosas, nunca mejor dicho para que quede más claro el lema bitcoiner "DON'T TRUST, VERIFY", es decir "NO CONFÍES, VERIFICÁ": personas involucradas, desarrolladores, inversores, historia, blockchain que utiliza... hay que verificar todo sobre un activo antes de invertir.

Finalmente, digamos que es imperativo que las autoridades y líderes políticos (pero también influencers) actúen con responsabilidad y transparencia al interactuar con tecnologías emergentes. La confianza pública se ve erosionada cuando se priorizan intereses económicos espurios de pequeños grupos por encima del bienestar general. Como sociedad, debemos abogar por una regulación que proteja a los usuarios e inversores en el ecosistema y garantice que la innovación tecnológica se alinee con principios éticos y de justicia; a la par que, como miembros del ecosistema crypto, no podemos dejar pasar la oportunidad de echar luz sobre las estafas que involucran el uso de criptoactivos, ya vemos que hasta a un Presidente puede verse envuelto en ellas...