El Gobierno nacional derogó tres resoluciones que obligaban a distintos sectores a presentar al Estado información que no se utilizaba, con el objetivo de reducir la burocracia que pesa sobre las empresas. Según resaltó un comunicado oficial, ya asciende a 72 la cantidad de normas eliminadas por la Secretaría de Comercio.

Según la Secretaría encabezado por Pablo Lavigne y que depende del Ministerio de Economía, el objetivo es la "desburocratización y simplificación" además de aducir que esa información que se solicitaba "no se utilizaba para ningún fin razonable, no tenían utilidad para el desarrollo de políticas públicas y significaban un costo adicional de recursos para las empresas".

La resolución 226/2024 realizada en colaboración con el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, derogó la resolución 65 del 11 de mayo de 1990, dictada por la ex Subsecretaría de Industria y Comercio, que obligaba a las empresas a presentar ante la ex Dirección Nacional de Análisis de Precios y Abastecimiento detalles de la producción de venta y existencias para el mercado interno y ventas al mercado de exportación. También exigía presentar datos de los cinco clientes principales.

Asimismo, se eliminó la resolución 62 del 26 de junio de 2013 de la ex Secretaría de Comercio Interior que indicaba que los proveedores de materiales para la construcción que pretendían canjear los Certificados de Depósito para Inversión (CEDIN) originados debían inscribirse en un Registro de Proveedores de Materiales para la Construcción. Esto regía tanto para personas físicas como jurídicas.

También, se derogó la resolución 176 de 2014 que obligaba a las prestadoras de servicio de comunicaciones móviles a informar mensualmente la totalidad de los planes ofrecidos en todas las modalidades posibles de prestación del servicio. Además, debían informar los precios de todos los servicios incluidos.

Estas medidas, para la Secretaría, "impulsaban un rol estatal intervencionista". "La eliminación de estas resoluciones reduce la burocracia estatal y simplifica los vínculos entre las empresas y la administración pública. Elimina también el control abusivo por parte del Estado de las decisiones comerciales de cada empresa. Las tres resoluciones derogadas se suman a las 69 normas eliminadas por el Gobierno que obstaculizaban las relaciones entre las empresas y el Estado", explicaron. (DIB)