El Gobierno bonaerense reclamó en el Consejo Federal de Educación que Nación restituya el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y le expresó su preocupación por el abandono de obras infraestructura escolares desde la asunción de Javier Milei como presidente.

Los reclamos fueron llevados por el subsecretario de Educación de la Dirección General de Cultura Educación (DGCyE), Pablo Urquiza, informó la Provincia a través de un comunicado. Fue ayer en el marco de una reunión del Consejo presidido por el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, en la que las autoridades nacionales brindaron información acerca del Salario Docente Mínimo Nacional Garantizado, entre otros temas.

En este espacio, que congrega a los ministros y ministras de las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el subsecretario expresó la necesidad de establecer un piso de 400 mil pesos, que permitiría elevar las contribuciones del Fondo Compensador para aquellas Jurisdicciones que no llegaran al citado monto.

Además, reiteró la necesidad de restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), el restablecimiento del ámbito paritario como espacio privilegiado de diálogo y acuerdo de las condiciones laborales de los trabajadores de la educación, y la preocupación del gobierno provincial por el desfinanciamiento de las más de 80 obras de infraestructura educativa que estaban en marcha en la provincia y el gobierno nacional ha interrumpido su ejecución.

Con respecto al salario mínimo y el FONID, solicitó que la actualización de los montos se realice con retroactividad al mes de enero del corriente.

Red de Alfabetización

Ayer mismo, Torrendell encabezó el lanzamiento de la Red Federal de Alfabetización, que servirá para articular a los representantes técnicos de las 24 jurisdicciones con la autoridad nacional en la implementación y desarrollo de los diversos planes estratégicos.

La Red brindará a los referentes acceso a recursos formativos de la mano de expertos nacionales e internacionales, así como oportunidades de intercambio de buenas prácticas. De esta forma, las jurisdicciones quedarán con capacidad instalada para afrontar los desafíos de la alfabetización.

"Esta política fue pensada y asumida para implementarse teniendo en cuenta la diversidad de territorios y realidades de cada jurisdicción. Es, a su vez, una política que tiene el desafío de responder a esta diversidad de contextos para que sea significativa y nos acerque al objetivo común", aseguró Torrendell. (DIB) MT