El subsecretario Legal y Técnico del Municipio de Azul, Roberto Dávila, confirmó a EL TIEMPO que "hay 1100 trabajadores que van a cobrar normalmente y 816 son alcanzados por la medida", en referencia al decreto del Ejecutivo que declaró la emergencia económica, financiera y administrativa de la Comuna.

Se refirió, durante una entrevista, al conflicto que se mantiene con los gremios municipales, las audiencias en el Ministerio de Trabajo y la instancia judicial del decreto.

"El martes tuvimos una reunión en el Ministerio de Trabajo que estaba prevista dentro de lo que es la conciliación obligatoria", explicó Dávila, en referencia a la sexta audiencia realizada en el marco del conflicto con los tres gremios municipales.

En tal sentido, el funcionario admitió que "no pudimos avanzar mucho con relación a llegar a un acuerdo, más allá que desde el Ejecutivo se han hecho algunas concesiones en lo que va del conflicto; se exceptuaron personas que están prontas a jubilarse, los que ganan menos de dos salarios mínimos, vital y móviles; y algunos servicios donde sí se cumplía el horario extendido".

"En total son unas trescientas personas que quedan exceptuadas del decreto original, que termina afectando a 816 trabajadores", puntualizó.

En ese contexto, explicó, "los gremios no ven esto como una concesión. Ellos están parados en que se retrotraiga directamente toda la medida, en lo que respecta a los trabajadores".

Por otra parte, durante la última audiencia en Trabajo, "se habló también del alcance de la conciliación obligatoria, que es el tema más puntilloso. Los gremios interpretan que la conciliación obligatoria retrotrae los efectos del decreto; es decir, que lo deja sin efecto".

"Sobre eso -observó Dávila-, nosotros tenemos otra interpretación, desde el día uno. Primero, por la literalidad de la norma. Si se lee toda la resolución, no menciona al decreto en ninguna parte, ni hace ninguna referencia al respecto, ni fundamenta sobre retrotraerlo".

Afirmó que, "al contrario, habla del inicio de las medidas de fuerza y en el resuelvo uno dice retrotraer al estado anterior del conflicto".

Para el subsecretario legal y técnico, "también influyen acá los antecedentes que hubo. El primer antecedente es que al decreto lo judicializaron los mismos gremios. Hay dos demandas en trámite; donde se le fue a pedir a la Justicia que impugne y eso le saca la competencia, técnicamente, al Ministerio de Trabajo, porque no pueden intervenir dos autoridades distintas en el mismo tema, para evitar contradicciones".

"Además de ese antecedente -refirió de inmediato-, en el expediente del Ministerio de Trabajo, en realidad la conciliación se dicta porque, desde el Municipio, estábamos preocupados por las medidas de fuerza que afectaban los servicios esenciales, sobre todo al hospital; y le pedimos al Ministerio que intervenga para que no se afecten los servicios. La medida nace un poco como respuesta a eso".

Por ese motivo destacó que, "en ese contexto, nosotros vemos claro que no se está dejando sin efecto al decreto. Y, finalmente, las autoridades del Ministerio lo dijeron expresamente -en la reunión antes de dictar la conciliación obligatoria- que no se iba a afectar el decreto, y en la reunión del martes se recordó que cuando estuvo la delegada de Conciliación, ella dijo que el decreto estaba judicializado".

"Sin embargo -precisó Dávila-, más allá de que esto puede prestarse a interpretación, lo que también hicimos nosotros la semana pasada, el día posterior a la conciliación, fue presentar un escrito al Ministerio de Trabajo pidiéndole que nos aclare el tema, porque ya veíamos que iba a haber problemas interpretativos. Y entendíamos que no está bueno sumar un contrapunto o un conflicto a discutir con los gremios, sino que era mucho más sano que el propio Ministerio, que dictaminó la medida, sea el que le lleve la claridad más que nada a los trabajadores; porque cada parte interpreta y sabe lo que tiene que hacer, las consecuencias y demás".

En el marco del conflicto con los gremios STMA, ATE Y SOEMPA, que nuclean a los trabajadores municipales, Roberto Dávila explicó que "la idea era, en ese pedido formal que hicimos, avisar que íbamos a liquidar sueldos de acuerdo al decreto, conforme a nuestra interpretación [que establece un tope de 40 horas] y pedirle sí, que aclare para los trabajadores".

"Eso también se habló en la reunión del martes y el Ministerio nos dijo que están en proceso de analizarlo, que se ha elevado a La Plata la consulta, pero que no tienen una fecha en la cual vayan a resolver esto", añadió el subsecretario.

Por ese motivo, "y ya que es muy próximo el vencimiento de pago de los sueldos, la idea es comunicar nuestra posición, para obrar de buena fe con respecto a los trabajadores".

"Los sueldos se fueron liquidando, es un proceso que dura unos días y ya está terminado. El fin de semana lo que va a ocurrir es que se va a depositar", de acuerdo con lo establecido en el decreto de emergencia.

Dávila sostuvo que, "tarde o temprano, el Ministerio de Trabajo va a tener que resolver el alcance de su decisión, porque en función de eso se verá si estamos pagando bien o mal, si los gremios pueden hacer una medida de acción directa o no; por eso estamos en ese punto, con cierta incertidumbre".

Con respecto a la medida dispuesta por el Ministerio de Trabajo, mencionó que "la conciliación se dictó por quince días. Es importante ver que tampoco la conciliación está resolviendo. No es que el Ministerio, al suspender o no suspender el decreto, o está tomando partido; o está diciendo que el decreto está bien o está mal; o el paro está bien o está mal. La conciliación es una tregua, es un tiempo de paz para negociar con más tranquilidad, con lo cual tampoco la discusión reposa sobre el fondo de la cuestión. Sí es importante para nosotros saberlo por la cuestión financiera que atravesamos, y para el trabajador, porque recibe el salario. Por eso queremos claridad" y se aguarda la correspondiente comunicación ministerial.

Al hacerse referencia a la judicialización del decreto de emergencia -previsto por 180 días desde el pasado 1 de septiembre-, Roberto Dávila indicó que "el amparo presentado por el STMA se apeló a la Cámara por parte del gremio. Y la demanda de ATE, nos corrieron traslado y el martes nosotros contestamos, con todos los informes y la prueba, pero en ese caso además hay una medida cautelar pedida por ATE que tiene que resolver la Justicia, y después seguirá el proceso, porque en esa presentación se impugna el decreto. El objeto es ese".

En la delegación local del Ministerio de Trabajo "la audiencia del martes transcurrió en ver si teníamos alguna posición y en el alcance de la medida. La audiencia quedó abierta, no hay fecha del nuevo encuentro, porque la propuesta del Ministerio es hablar individualmente con las partes para ver si consigue pulir algún proyecto de acuerdo que justifique después una nueva audiencia, porque en las últimas hemos ido y no se ha avanzado mucho".

Finalmente, el subsecretario expresó que "lo que venimos sosteniendo es que la medida no tiene nada que ver con afectar al trabajador o castigarlo, sino que es necesaria por la crisis, y se enmarca en otras medidas que afectan a proveedores, contratos tercerizados, funcionarios, viáticos. Es decir, se apunta a generar un equilibrio en el presupuesto. Por eso, se trabaja en reducir todos los gastos que el Municipio puede modificar y en mejorar la recaudación en todo lo que el Municipio pueda".