"Es algo totalmente abusivo. No veo que el poder político de la Provincia reaccione ante ello, todo lo contrario. La creación de estos juzgados administrativos en nada beneficia a la gente", opinó el concejal Ramiro Ortiz.

El presidente del bloque PRO, en cuanto a los Juzgados Administrativos de Infracciones de Tránsito, expresó que "se está creando este circuito intermedio de dudosa constitucionalidad, desde mi punto de vista, y que sirve para recaudar y no para mejorar la seguridad en nuestras rutas".

Un paliativo

Desde su punto de vista, "si es por cercanías, el más cercano para la gente sería el de Faltas municipal [en cada ciudad], y conforme lo establece el Art. 50 de la ley 13.927 pero no se está usando, ya que la provincia de Buenos Aires, contra legem remite las multas al juzgado de Dolores".

Por ello, para el edil, "es un paliativo, porque al crear un juzgado que ya estaba previsto por la ley, en jurisdicción de Azul y ciudades aledañas, hablamos de un juzgado provincial, no local, lo que hace es, en lugar de ir a litigar cuando nos hacen algún tipo de multa, sea por falta de VTV o por alguna otra cuestión que creo, inconstitucionalmente, nos sacan el carnet de conducir y lo envían a Dolores", indicó en declaraciones al programa de este matutino "Tiempo de Radio" y a EL TIEMPO.

E insistió en una idea central: "Es un paliativo, sí, porque los ciudadanos de Azul no vamos a tener que viajar hasta Dolores", aunque remarcó que "también la ley prevé que estas competencias se pueden asignar a los juzgados de Faltas locales. Y esto no se hace. Se crea otra estructura administrativa que, de alguna manera, pagamos entre todos. Además, se le quita mayor poder a cada municipio".

Para el concejal Ortiz, "inclusive el control de estos radares" resulta cuestionable, ya que "muchas veces están casi escondidos; y ni hablar de los radares móviles, que son empresas privadas que concesiona la Provincia".

También Ortiz refirió que el juzgado de faltas de Azul, se crearía en Olavarría de conformidad a las declaraciones de la concejala de Olavarría Belén Vergel, ya que así lo habría dispuesto la Resolución 1418/2010, y, a su vez, reafirmó: "Me parece llamativo que se haya creado un Juzgado en Azul, y que finalmente vaya a funcionar en Olavarría, y no en Azul que es cabecera Departamental y tal cual fue previsto en la creación del Decreto 532/2009, tampoco me consta que para tomar tal decisión se hayan hecho estudios suficientes de los índices de siniestralidad o flujo vehicular tal cual lo establece el propio Art. 6 de la ley 13.927".

Indefensión del vecino

El abogado y concejal sostuvo que se trata de "una indefensión del vecino y seguimos en la misma: en cómo sacarle plata al vecino y no cómo prevenir accidentes, no cómo hacer autopistas, no cómo educar, no cómo advertir como corresponde en las rutas que hay radares operando, cuáles son las máximas, con cartelería a tantos metros y no como habían puesto esos carteles encubiertos aquí en la salida de la ruta 51 hacia Olavarría que decía "Fiscalización de velocidad. Máxima 60"".

Aseguró que "en Monte hay dos radares y recién ahora pusieron el cartel "Máxima 60" y también, medio encubierto. Y otro en la localidad de Abott, por ejemplo, entre San Miguel del Monte y Cañuelas".

En ese marco, desde su punto de vista, "son abusos, que dan bronca, más allá de todos los impuestos que tenemos. Cuando uno va a renovar el carnet se encuentra, por ejemplo, que tiene que pagar este tipo de multas que ni siquiera fue advertido, ni notificado en su momento".

Las rutas deficitarias

Sin dudas, en cuanto al modus operandi del sistema de radares móviles en las rutas, "se trata de agarrar desprevenidos a los conductores. Muchas veces, no siempre, pero en un sobrepaso de camiones, hay que acelerar mucho, porque no hay lugar en las rutas, porque son deficitarias y están colapsadas, en general. Es eso: perseguir a los contribuyentes para sacarle más plata".

Por otro lado, señaló que "al momento de ir a reclamar a estos juzgados, en especial los del gran Buenos Aires, hay enormes colas, no atienden los teléfonos, no hay nada en ese tipo de juzgados. Entonces las personas están en total indefensión y totalmente vulnerado el derecho de defensa y el debido proceso, sobre todo con la urgencia de que hay que pagar las multas, previo a una transferencia de un automóvil, o a la renovación de la licencia de conducir".

Consideró que, "muchas veces son herramientas de trabajo, como puede ser una camioneta, un transporte para repartos. Hay mucha gente que trabaja de esto" y queda afectada por el mecanismo implementado.