A través de una sentencia firmada por dos de sus actuales miembros, desde la Cámara Penal departamental quedó ratificada la sanción impuesta a un hombre en un juicio oral que finalizó en julio pasado, proceso donde fue declarado "coautor" de un intento de robo de placas de bronce sucedido en el Cementerio Municipal de Azul.

En esa instancia del debate, el referido ilícito había derivado en que también resultara condenado el otro imputado que tuvo aquel hecho.

Actualmente los dos se encuentran en libertad, figuran con domicilios en Azul y respectivamente habían sido identificados como Gustavo Alberto Perrone -que tiene 54 años y es oriundo de Bolívar- y Ernesto Fabián Agüero, nacido en La Plata y de 56 años.

Perrone y Agüero, en el debate desarrollado meses atrás en el Juzgado Correccional 2, habían sido declarados por el magistrado Héctor Rodolfo Torrens autores del delito de robo en grado de tentativa y sentenciados a respectivas penas de un año y seis meses de prisión.

Pero en el caso del hombre nacido en Bolívar, a diferencia de lo sucedido con Agüero, una condena anterior que registraba al momento de desarrollado ese debate se tradujo en que la pena dictada, de tipo unificada y recientemente ratificada en segunda instancia desde la Alzada departamental, fuera de "efectivo cumplimiento".

Con el objetivo de que fuera revertida dicha sanción, Gustavo Torchia -abogado que había patrocinado a Gustavo Perrone en el debate- decidió apelar aquel fallo de primera instancia ante la Cámara Penal.

Pero semanas atrás ese recurso no prosperó, por lo que de manera unánime los magistrados Damián Cini y Carlos Pagliere (h) se pronunciaron a favor de ratificar lo que para uno de los considerados autores de este intento de robo de placas había ordenado hace tres meses el titular del Juzgado Correccional 2 con asiento en el Palacio de Justicia local.

Al ser desestimado el recurso presentado por el Defensor Particular de Perrone, desde la Alzada dos de sus miembros confirmaron la condena para ese hombre como "coautor penalmente responsable del delito de robo en grado de tentativa" y consistente en la ya referida "pena única de un año y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo".

Dicha sanción era comprensiva de la que recibió por el hecho tratado en aquel debate -cuya resolución con sus fundamentos se conociera el 14 de julio pasado- y de una pena de "un mes de prisión en suspenso" que, también en el Juzgado Correccional 2, le fuera dictada al encausado el 11 de junio de 2021, cuando en el marco de otro proceso había sido declarado autor de una "estafa" que cometiera en Azul el 10 de noviembre de 2014.

De acuerdo con lo que el abogado Gustavo Torchia le refirió ayer a EL TIEMPO, luego de conocerse lo decidido para su cliente en esta segunda instancia había presentado -este miércoles que pasó- un nuevo recurso. Pero ahora, ante la Suprema Corte, en busca también de que en esa nueva instancia de revisión de lo decidido pueda ser revocado lo que ya en dos etapas judiciales ha quedado definido para Perrone.

Por tal motivo, mientras este fallo no adquiera definitivamente rango de firmeza su defendido continuará en libertad.

Pero de quedar firme lo resuelto en el juicio oral, que recientemente fue ratificado desde la Alzada departamental, el hombre deberá ir a prisión para cumplir con esa pena única consistente en un año y seis meses.

Lo probado

Los antecedentes de este caso se remontan a lo que había sucedido en el Cementerio Municipal de Azul el 22 de marzo de 2022.

Aquel día, en horas de la tarde Gustavo Alberto Perrone y Ernesto Fabián Agüero fueron arrestados por agentes policiales, medidas efectivizadas después de que ambos se habían apoderado en el interior de la necrópolis local de varias placas de bronce que arrancaron de diferentes sepulturas donde estaban colocadas.

De acuerdo con lo que ha sido dado por demostrado hasta el momento, el accionar delictivo de los dos fue observado por testigos que inmediatamente llamaron al 911 para requerir la presencia de personal policial.

Posteriormente, cuando ambos hombres resultaron aprehendidos, pudieron ser recuperadas las cinco placas que intentaron robar y se incautó en poder de los dos una barreta que utilizaban para arrancarlas de las sepulturas donde estaban colocadas.

"En cuanto a la tipicidad delictiva, se ha acreditado que mientras uno de los sujetos activos forzaba y extraía, mediante el uso de una barreta, placas -ajenas- de nichos y bóvedas del Cementerio para luego guardarlos en el interior de una bolsa que se hallaba en un carro; Perrone se encargaba de estar atento para que terceros no interrumpieran tal accionar y, de lo contrario, avisar dicha situación", escribió el juez Cini en el fallo que confirmó la condena para ese hombre en los mismos términos que lo resolviera el magistrado Torrens durante el juicio oral.

"Lo expuesto devela, a las claras, una conducta consistente en intentar apoderarse, mediante el uso de la fuerza, de cosas muebles ajenas", agregó el camarista que votó en primer término a lo decidido en esta segunda instancia, considerándose también que lo concluido por el Juez que intervino en el debate estaba dotado de "la certeza necesaria para afirmar que Gustavo Alberto Perrone fue autor del delito de robo simple en grado de tentativa".

Laura Margaretic había representado a la Acusación en aquel juicio donde Perrone y Agüero, a quien patrocinó la defensora Oficial Laura Serradell, fueron condenados. Y también intervino en el debate, pero bajo la figura del Particular Damnificado y desde la Municipalidad de Azul, el abogado Roberto Dávila, actual subsecretario del Área Legal y Técnica de la comuna.

El dato

Para los dos declarados autores de este intento de robo, como agravantes potenciadoras de las penas que recibieron por aquel hecho el Juez Correccional que los condenó había valorado "la extensión del daño y la temeridad de la conducta desplegada, ya que la misma tiene un alto disvalor, en tanto que el objeto del delito son placas que fueron colocadas por deudos de familiares fallecidos". Y también el magistrado Torrens tuvo en cuenta "la conmoción social que el hecho generara en la comunidad, ante la desprotección y afectación de derechos personalísimos de las personas fallecidas".