Vinculados con una infracción a la Ley 23.737, el concurso de delitos que ahora les imputan a un hombre y a su pareja y la escala penal que esos ilícitos contemplan ante eventuales condenas, que va desde los cuatro a los quince años de prisión, fueron las circunstancias valoradas por un juez de Garantías para convertir a las detenciones de ambos investigados en respectivas prisiones preventivas.

Tal lo que EL TIEMPO ha venido informando con relación a este caso, los acusados son un azuleño de 55 años que se llama Diego Omar Tumminaro y su pareja, identificada por voceros policiales y judiciales como Noelia Soledad Arrúa (35).

Luego de lo que habían sido sus arrestos como presuntos vendedores de estupefacientes al menudeo -a través de allanamientos en dos inmuebles de esta ciudad realizados por personal policial de la DDI Azul y del Comando de Patrullas el pasado sábado 21 del corriente mes- anteayer fueron ordenadas las prisiones preventivas para ambos investigados.

En una primera instancia, desde el Juzgado de Garantías 3 con asiento en el Palacio de Justicia local fue el magistrado Juan José Suárez quien dispuso esas medidas cautelares para los imputados.

Lo decidido había sido en respuesta a un pedido que formulara Lucas Moyano, el fiscal a cargo de la UFI 22 que lleva adelante esta Investigación Penal Preparatoria vinculada con una infracción a la Ley 23.737.

Las detenciones de Tumminaro y Arrúa fueron convertidas en prisiones preventivas por los delitos de tenencia ilegitima de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas destinadas al consumidor en concurso ideal con comercialización de estupefacientes propiamente dicha.

En el caso del varón, la medida cautelar fue ordenada por ser considerado el presunto "autor" de ese concurso de ilícitos referidos; mientras que la prisión preventiva para la mujer se dispuso en carácter de "partícipe necesaria" en esos mismos delitos.

Sobre el denominado "riesgo procesal" que se tradujo en los dictados de ambas preventivas, el titular de Garantías 3 señaló en lo resuelto que "la pena en expectativa opera en el caso como un dato objetivo para inferir válidamente el riesgo procesal de fuga o elusión del proceso -en caso de recuperar la libertad los acusados-, atento la calificación delictual otorgada y su respectiva escala penal". Y el magistrado Suárez agregó en lo decidido que las cautelares resultan adecuadas teniendo en cuenta "el escaso tiempo que llevan detenidos los encausados", considerando que Tumminaro y Arrúa habían sido arrestados hace ocho días.

Las sanciones que ambos podrían recibir de resultar condenados por esta infracción a la Ley 23.737 en un futuro juicio, tanto en su monto mínimo como máximo, derivarían en los dictados de respectivas penas de efectivo cumplimiento y no de ejecución condicional, por lo que sobre esa circunstancia se resolvió que continúen privados de la libertad.

"Dicha presunción posee a la fecha plena vigencia", concluyó el Juez de Garantías que entiende en esta causa anteayer viernes. Concretamente, un día después de que denegara un pedido que había presentado Daniel Pérez Guedes, el defensor Particular de los imputados, para que sus clientes fueran excarcelados.

Seguramente ese abogado ahora decida apelar ante la Cámara Penal las prisiones preventivas ordenadas en un principio para Tumminaro y Arrúa, por lo que en lo inmediato ambas medidas cautelares no adquirirán rango de firmeza.

Lo investigado

Contando con diferentes evidencias reunidas a través de la instrucción de esta causa, las prisiones preventivas para ambos imputados fueron ordenadas por el Juez garante valorando los resultados de los allanamientos realizados este pasado sábado 21 del mes en curso, el día en que Tumminaro y Arrúa resultaron detenidos.

El secuestro más sustancial de elementos demostrativos de que la pareja se dedicaba a vender estupefacientes al menudeo se había realizado aquel día durante la diligencia que tuvo como objetivo un inmueble vinculado con ambos imputados, el cual se encuentra situado sobre la calle Olavarría entre Cáneva y Alberdi.

En esa vivienda agentes policiales ligados a esta pesquisa habían hallado e incautado una balanza de precisión, un envoltorio de nylon que contenía más de 35 gramos de clorhidrato de cocaína, "anotaciones de interés" y dinero en efectivo, en una cantidad superior a los cien mil pesos.

La mencionada propiedad es señalada desde la imputación como el lugar donde los clientes de la pareja iban a buscar la droga que ambos les vendían.

Al mismo tiempo, Tumminaro y Arrúa habían sido detenidos en el inmueble donde hasta el pasado sábado 21 de septiembre residían junto a demás integrantes de su grupo familiar, que está ubicado sobre la calle Malére entre Lavalle y Cáneva.

Al ser allanada esa propiedad los policías secuestraron más plata que -según se presume- está vinculada también con la venta de drogas al menudeo por la que anteayer fueron ordenadas en una primera instancia las prisiones preventivas de los acusados. Concretamente, más de 400.000 pesos en efectivo.

Para el dictado de esas medidas cautelares, en sintonía con lo afirmado por el Fiscal que instruye esta causa penal el Juez de Garantías tiene por demostrado hasta el momento que al menos desde junio pasado Tumminaro, contando "con la participación" de su pareja Arrúa, cometió "actos de comercialización de estupefacientes".

Al respecto, tareas de observación y vigilancia realizadas por personal policial evidencian que durante ese lapso de tiempo los compradores de estupefacientes concurrían a los domicilios que fueron allanados hace ocho días. Y que lo hacían "a los fines de obtener la entrega de la sustancia estupefaciente, remitiendo el dinero de la compra a las billeteras virtuales de Mercado Pago de las que resulta titular Diego Tumminaro o en efectivo", se menciona en la causa.

Iniciada esta investigación meses atrás, luego de que en sede policial se recibiera una denuncia anónima que lo situaba al azuleño que está preso como vendedor de cocaína al menudeo junto con su pareja, el denominado "plexo probatorio" que involucra a los dos se compone también de más elementos.

En ese sentido hay que remitirse a lo que habían sido el pasado 10 de julio los primeros allanamientos ordenados en los inmuebles que se convertirían en escenarios de nuevas diligencias similares ocho días atrás, cuando ambos imputados fueron detenidos.

Mientras que hace dos meses uno de los allanamientos arrojó resultados negativos, en el otro había sido posible incautar una pequeña dosis de cocaína -que no pesó más de dos gramos y al parecer ya estaba lista para su venta al menudeo- y tres teléfonos celulares.

Esos móviles, utilizados por ambos investigados hasta el momento en que fueron secuestrados por personal policial, posteriormente habían sido analizados por especialistas abocados también a esta pesquisa. Y en sus contenidos se hallaron gran cantidad de diálogos que evidencian que tanto Tumminaro como Arrúa vendían cocaína en pequeñas dosis.

Posteriormente a que esos teléfonos fueran secuestrados en julio pasado, también pudo determinarse que los allanamientos realizados en aquel entonces no impidieron que ambos acusados continuaran dedicándose a la comercialización de estupefacientes.

Aquello pudo ser constatado a través de nuevas observaciones y tareas de vigilancia que la Policía realizara en los dos inmuebles vinculados con los imputados. Y surgía también a través de escuchas a nuevos teléfonos que Tumminaro y Arrúa comenzaron a utilizar, los cuales habían sido intervenidos desde la Justicia y dejaron además al descubierto que otras personas ligadas al entorno familiar del varón y la mujer acusados no eran ajenos a esta infracción a la Ley 23.737.

El dato

El hombre investigado por esta infracción a ley de drogas sigue privado de la libertad en la Unidad 2 de Sierra Chica, el penal del SPB al que había sido trasladado desde sede policial este miércoles que pasó. Y su pareja Arrúa ahora está transitoriamente alojada en la Subcomisaría de Chillar, a la espera de que también se consiga un cupo desde el Servicio Penitenciario provincial para que sea remitida a la Unidad 52, la cárcel de mujeres con asiento en Azul.