ENFOQUE
25 de diciembre de 2023
Por Jorge Ferrarello
Concejal UCR Evolución
A poco tiempo de cumplirse los 40 años de la recuperación de la democracia en nuestro país, el Decreto de Necesidad y Urgencia de Javier Milei nos sacude y moviliza porque cuestiona justamente los principios del sistema democrático.
No pasaron más que unos días desde la asunción del nuevo presidente -en un marco de cuatro décadas ininterrumpidas desde que Raúl Alfonsín alcanzara el poder por elección popular-, cuando el decreto con más de 360 artículos que derogan o modifican normas de un plumazo nos interpela y nos obliga a expresar nuestra preocupación y rechazo al modo antidemocrático de actuar del nuevo gobierno.
Si bien cada una de las medidas presentadas deberá tener una discusión particular para la evaluación de sus beneficios o desventajas, sobre todo teniendo en cuenta la diversidad de las áreas que contemplan, lo negativo es intentar imponer normativas sin tratamiento legislativo, sin análisis, sin debate, sin posibilidad de discusión por parte de los representantes de los argentinos.
Nuestro sistema político se basa en la división de poderes, desconocer o ningunear este esquema básico es algo más profundo que una simple cuestión de formas. Se trata del autoritarismo frente a la democracia y sienta un precedente que no nos podemos permitir.
No por nada los juristas especialistas en la materia están reflexionando acerca de lo anticonstitucional del DNU. Entendamos que de lo que se habla es de cuánto va en contra de nuestra Constitución Nacional esta acción del Ejecutivo.
En nombre de la mayoría
La desregulación de la economía a través de lo que el gobierno llama un plan de shock tiene entre otras justificaciones que analizaremos luego, la idea de que la mayoría de la población lo eligió, por lo cual puede llevar adelante -con los modos que prefiera- esas determinaciones porque cuenta con el apoyo popular.
Al respecto, confunden al decir que casi un 56% de argentinos lo eligió, cuando lo cierto es que ese porcentaje corresponde al de votantes que el día del balotaje se presentaron a sufragar y lo hicieron por uno u otro candidato. Milei obtuvo alrededor de 14 millones y medio de electores, dentro de un total de 35 millones; con un ausentismo de más de 8 millones de personas y con 11 millones y medio que optaron por la otra opción y 1 millón de votos en blanco o nulos.
Con el mismo criterio simplificador que utilizan para hablar de su victoria, podríamos decir que 20 millones y medio de ciudadanos en condiciones de sufragar no lo eligieron.
Si bien la legitimidad de dicha elección no está de ninguna manera en discusión, sino que se trata de las reglas electorales en el ejercicio de la democracia; el argumento de que una mayoría marcada le permitiría actuar a su antojo es inválido, pero además notoriamente peligroso.
Paternalismo feroz y sin diálogo
Sin embargo, en el mundo de los alegatos de la Libertad Avanza, más atemorizador es el hecho de que su conductor asuma el rol de iluminado que viene a salvar a una comunidad ignorante y perdida que carece de las herramientas para hacerlo.
Por ello, no merecemos diálogo ni discusión -léase intervención legislativa o de instituciones intermedias ni legales-. En un rol de paternalismo indiscutible adopta por los ciudadanos las acciones que su conocimiento supremo le indica.
De esta manera, Milei -rodeado de los mismos hombres y mujeres que fueron partícipes fundamentales de los gobiernos de las últimas décadas, a las que critica ferozmente, e integrantes de la "casta" a la que venía a derrotar- nos trae las soluciones para llevar la república a una gloria futura, con un plan diseñado por aquellos que en su momento nos condujeron a la situación actual pero que milagrosamente parecen haber encontrado los mecanismos para el despegue futuro del país.
En este comportamiento propio de gobiernos autoritarios adopta discursos mesiánicos y hasta cae en la burla y la descalificación de los propios habitantes del país al que debe conducir, acompañado por supuesto de sectores y personajes con fuertes intereses políticos y económicos y con la ayuda de periodistas-operadores que accionan en los medios de comunicación.
Democracia a conveniencia
Resulta descabellado exigir la aceptación a ultranza de un decreto que abarca múltiples aspectos, centenares de leyes, modificaciones en regulaciones variadas, flexibilización del mercado laboral, privatizaciones, todo junto, a la vez, y sin chistar.
Porque el que quiere hacer ejercicio de su derecho a la libre expresión, máxima indiscutible en la vida democrática, puede ser castigado. Para eso hay un protocolo repudiado desde muchos espacios y sobre el que hasta funcionarios de las Naciones Unidas tienen puesto el ojo.
Pasar por arriba del Congreso, esquivar la Constitución Nacional, fomentar la violencia desde lo simbólico y lo discursivo, animar un gobierno personalista con toques totalitarios, atentar contra el diálogo, silenciar voces disidentes, evitar la movilización social son parámetros que contradicen la supuesta libertad que pregonan.
Recurrir por un lado a la democracia para llegar al poder y legitimar el lugar que se ocupa, pero negarla en el ejercicio diario a través de múltiples formas es contradictorio y una señal de alerta.
Como ciudadanos, vecinos, padres, trabajadores, representantes de la comunidad, desde el lugar que nos toque ocupar y según las responsabilidades de cada uno, tenemos la obligación de estar atentos e impedir el retroceso en una democracia que costó demasiado recuperar.
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