En el sondeo de opinión realizado por EL TIEMPO, que incluyó a dirigentes políticos, sociales y del ámbito productivo, entre otros, también se expresó el ex concejal del PRO, Ramiro Ortíz. Como ocurrió en todos los casos, fue consultado sobre la Ley Ómnibus y, además, el sistema de boleta única. El ex edil y dirigente del PRO local expresó los siguientes conceptos:

"Desde mi punto de vista, muchas de las medidas propuestas son necesarias para dar una solución efectiva a la crisis actual y garantizar el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los argentinos", indicó Ortíz. "Sin embargo, no puedo desconocer que el proyecto ha generado mucha polémica y rechazo por parte de la oposición y de diversos sectores sociales, que lo consideran un ataque a la democracia, a los derechos humanos y al Estado de Derecho. Aunque en realidad más allá de los errores y modificaciones que a la postre sufra el proyecto, muchos de quienes se oponen al mismo lo hacen porque se derogan privilegios que van en contra del ciudadano común, ya sea por que encarecen una actividad o servicio en forma ilegítima".

En tal sentido el ex concejal del PRO sostuvo que "sin embargo quiero señalar que, el proyecto también ha generado controversia y rechazo en la oposición y diversos sectores sociales, quienes lo ven como una amenaza a la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho".

"Sinceramente creo que muchas de las críticas provienen de sectores que solamente defienden sus privilegios sectoriales que en definitiva perjudican al ciudadano común, siendo que muchos de esos privilegios atentan contra la libre competencia y con ello mejora en la calidad de diversos productos y baja en los precios de venta al consumidor".

Por ello, "dentro de las muchas medidas que plantea el proyecto quiero señalar algunas de las mismas a saber:

-Declaración de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025.

-Delegar amplias facultades legislativas en el Poder Ejecutivo nacional, con arreglo a las bases de delegación establecidas y por el plazo arriba dispuesto. "Ratificar la vigencia el DNU 70/23": que incluye medidas de emergencia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social.

-Privatización de empresas públicas: Se busca reducir el rol del Estado en sectores no esenciales y fomentar la competencia, la eficiencia y la calidad de los servicios. Entre las empresas que podrían ser privatizadas se encuentran Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, YPF, Banco de la Nación y Nucleoeléctrica Argentina, entre otras.

-Blanqueo de capitales: se establece un régimen de regularización de bienes en el país y en el exterior, incluyendo efectivo, inmuebles y criptomonedas, sin pagar impuestos. El plazo para adherir al blanqueo será hasta el 30 de noviembre de 2024 y se dividirá en tres etapas.

-Reforma electoral: se propone eliminar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y modificar la distribución de bancas en el Congreso, aumentando la representación de la provincia de Buenos Aires y disminuyendo la de algunas provincias.

-Legítima defensa: se amplía el concepto de legítima defensa para favorecer a quien actúa en cumplimiento de su deber o en el ejercicio de su derecho, teniendo en cuenta las diferencias de edad, contextura física, experiencia en riñas, número de agresores y uso de armas falsas.

-Retenciones a las exportaciones: se establece un aumento porcentual de derechos de exportación para productos como la soja, el maíz y el girasol.

-Regulación de las protestas: se endurecen las penas por cortes de calles y se obliga a notificar al Ministerio de Seguridad de la Nación de cualquier manifestación o reunión en la vía pública, incluso las espontáneas.

-Divorcio exprés: se crea la opción de disolver el vínculo matrimonial por medio de una comunicación conjunta de los cónyuges ante el órgano administrativo del último domicilio conyugal, sin la intervención de la Justicia ni de abogados.

-Movilidad jubilatoria: se suspende la fórmula de movilidad vigente y se le otorga al Poder Ejecutivo la facultad de establecer una nueva modalidad de cálculo de reajustes, buscando equidad y sustentabilidad económica.

-Educación: se incorpora un examen al finalizar la secundaria para evaluar el nivel de desempeño de los estudiantes, se establece la posibilidad de ingresar a la universidad pública mediante un examen o curso de nivelación, se autoriza el cobro de aranceles a los extranjeros no residentes que estudien en universidades nacionales y se habilita el homeschooling desde el cuarto grado del nivel primario.

-Moratoria impositiva: se crea un régimen de regularización de obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social vencidas hasta el 30 de noviembre de 2023, con facilidades de pago y condonación de intereses y multas.

-Blanqueo laboral: se permite la regularización de las relaciones laborales no registradas, eliminando la acción penal y condonando las infracciones, multas y sanciones por irregularidades en la contratación de empleados. Se establecen plazos y planes de regularización plurianuales y se elimina el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal).

-Infraestructura: se habilita el financiamiento de la infraestructura con inversión privada, se vuelve al esquema de concesiones y se transfiere el riesgo al concesionario. Se crea un mecanismo de solución de controversias para contratos de obra pública con plazos vencidos y litigios pendientes y se le da al Poder Ejecutivo la facultad de renegociar o rescindir contratos en ejecución celebrados antes del 10 de diciembre de 2023].

-Medio ambiente: se modifican leyes de medio ambiente, como la Ley de Bosques Nativos, la Ley de Glaciares y la Ley de Protección Ambiental contra la Actividad de Quema. Se crea un mercado de carbono y se establecen controles de emisiones en sectores productivos, con límites y multas por incumplimiento.

-Precios: se limita la intervención del Poder Ejecutivo en la fijación de precios de comercialización en el mercado interno y se les da libertad a las empresas estatales para determinar sus precios].

-Impuesto a las Ganancias: se elimina el diferencial de alícuotas por activos en el exterior y se simplifica gradualmente la tabla impositiva en los años posteriores a 2023. Se establece una dinámica de actualización de los importes basada en anticipos y pagos.

-Salud mental: se modifican aspectos de la ley de salud mental, como la composición del Órgano de Revisión. Se mantienen los criterios de excepcionalidad y temporalidad de la internación, previa evaluación médica y del equipo interdisciplinario. Se definen los casos para la internación involuntaria, que deben ser por falta de conciencia de enfermedad o riesgo para terceros o uno mismo.

Por otro lado, el dirigente del PRO Azul, Ramiro Ortíz, apuntó que "cabe mencionar que este extenso proyecto, compuesto por más de 180 páginas y 664 artículos que modifican o derogan cientos de leyes existentes, y se estructura en 12 títulos que abarcan distintas áreas de la política y economía nacionales. A continuación, se detallan los títulos y sus temas principales:

1. Objeto y principios rectores de la ley, Promoción de la iniciativa privada y limitación de la intervención estatal.

2. Declaración de emergencia pública. Emergencia en diversas áreas hasta el 31 de diciembre de 2025, con facultades delegadas al Poder Ejecutivo.

3. Régimen de desregulación económica. Eliminación de restricciones a la oferta y demanda, y regulaciones distorsionantes de precios.

4. Régimen de reactivación productiva. Medidas para impulsar la reactivación, como reducción de carga tributaria y promoción de inversión extranjera.

5. Régimen de reestructuración de la deuda pública. Autorización para renegociar la deuda con suspensión de pagos hasta el 31 de diciembre de 2025.

6. Régimen de reorganización de la Administración Pública nacional. Reorganización para mayor eficiencia, incluyendo privatización de servicios públicos.

7. Régimen de fortalecimiento del servicio civil. Establecimiento de carrera administrativa basada en mérito y evaluación.

8. Régimen de ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. Principios para el ejercicio de estas facultades, con énfasis en transparencia y participación ciudadana.

9. Régimen de creación y fomento del empleo productivo privado. Medidas para flexibilizar condiciones laborales y promover la contratación.

10. Régimen de reforma del sistema educativo nacional. Reforma integral para garantizar calidad, libertad y diversidad en la educación.

11. Régimen de reforma del sistema de seguridad social nacional. Reforma para garantizar sustentabilidad y equidad, incluyendo cambios en jubilaciones y pensiones.

12. Régimen de reforma del sistema de salud nacional. Reforma para garantizar calidad y libertad en la atención sanitaria.

Ortíz, además, señaló que "conviene referir que debido a las controversias que el proyecto ha generado en ciertos sectores, políticos, empresariales, sindicales, etc., conforme se ha informado a través de medios de comunicación que el Poder Ejecutivo podría realizar ciertas concesiones para lograr su aprobación en los próximos días".

Observó asimismo que "algunas de las concesiones que el Poder Ejecutivo podría otorgar podrían ser: se limita el plazo de vigencia de la emergencia pública de 4 años (2, prorrogables por otros 2) a 2 años (1 año + 1 año prorrogable por el Poder Ejecutivo), Se elimina la declaración de emergencia en las áreas de Defensa, Social y Sanitaria. Derechos de exportación: Se fija en cero para las economías regionales. Se limita o elimina la facultad para aumentar los Derechos de Exportación. Se modifica la desregulación económica y excepciones para ciertos sectores estratégicos, etc."

Para el ex legislador azuleño, "entonces, es claro que estas concesiones buscan encontrar un equilibrio entre las propuestas y las preocupaciones de diferentes sectores de la sociedad, para poder tener los cambios necesarios para poder salir de la crisis económica, política y social en la cual está inmerso el país".

Aseveró luego que "atento lo expuesto quiero señalar que el proyecto de ley ómnibus de Javier Milei es una propuesta de reforma integral del Estado y la economía nacional, que busca promover la libertad individual, la iniciativa privada, el desarrollo de la industria y el comercio, y limitar la intervención estatal".

No dudó en sostener que "el proyecto abarca diversas áreas de la vida nacional, como la desregulación económica, la reactivación productiva, la reestructuración de la deuda pública, la reorganización de la Administración Pública, la reforma del sistema educativo, el sistema de seguridad social, el sistema de salud, el sistema de justicia y el sistema electoral. El proyecto pretende mejorar la vida diaria de los ciudadanos al eliminar las restricciones y las distorsiones que afectan a la oferta y la demanda de bienes y servicios, al reducir la carga tributaria y facilitar el acceso al crédito, al renegociar la deuda pública y lograr condiciones de pago sostenibles, al racionalizar y simplificar las estructuras administrativas y los trámites burocráticos, al fortalecer el servicio civil y la carrera administrativa, al crear y fomentar el empleo productivo privado, al garantizar la calidad, la libertad y la diversidad de la educación y la salud, al asegurar la independencia, la imparcialidad y la celeridad de la justicia, y al garantizar la representatividad, la transparencia y la participación de los ciudadanos en los procesos electorales".

"Sin embargo -añadió Ramiro Ortíz-, como refería anteriormente, el proyecto también ha generado críticas y resistencias por parte de diversos sectores sociales y políticos, que cuestionan la legitimidad, la oportunidad y la conveniencia de las medidas propuestas, así como también los posibles efectos negativos que podrían tener sobre los derechos, las garantías y el bienestar de la población".

En ese contexto, "el proyecto plantea un necesario y profundo debate sobre el modelo de país que se quiere construir y el rol que debe tener el Estado en la sociedad, el cual está sucediendo en este momento en el País, con total apego y respeto a la democracia vigente, mediante participación de los distintos poderes del Estado y entidades intermedias".

Finalmente manifestó que "es muy probable que el proyecto de ley 'Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos', sea sancionado en el Congreso de la Nación durante los próximos días, lo cual traerá aparejado durante los próximos meses una sensible mejora en la calidad de vida económica, social de todos los argentinos".