Una investigación penal que desde meses atrás se lleva adelante en una fiscalía con asiento en los tribunales de Azul por la difusión en redes sociales de un video e imágenes donde se observan a menores de edad desarrollando actividades sexuales derivó en que personal policial realizara un allanamiento en un inmueble de Cacharí, informaron a EL TIEMPO voceros de seguridad y judiciales.

Solicitado desde la UFI 22 que está a cargo del fiscal Lucas Moyano y ordenado por el magistrado Federico Barberena, el titular del Juzgado de Garantías número 2, el procedimiento se llevó a cabo el miércoles que pasó en la vecina localidad por parte de efectivos policiales pertenecientes a la DDI Azul.

De acuerdo con lo señalado, una casa situada sobre la calle San Martín de Cacharí fue el lugar allanado por la Policía.

Según lo indicado en la orden dispuesta por el Juez que entiende en esta investigación penal, durante el procedimiento se buscaron hallar e incautar

"computadoras de escritorio y portátiles, teléfonos celulares, cámaras fotográficas, pendrives y todo otro dispositivo de almacenamiento de imágenes y videos" que tuviera en su poder el joven que está siendo investigado por esta presunta infracción al Artículo 128 del Código Penal argentino.

En la vivienda convertida en escenario de este procedimiento los policías hallaron e incautaron "telefonía celular y soporte de almacenamiento informático", informaron voceros de la DDI Azul a EL TIEMPO.

Esos elementos deberán ser ahora peritados, con el fin de analizar los materiales que contienen en el marco de lo que está siendo la tramitación de este sumario penal que se lleva adelante desde la Unidad Funcional de Instrucción 22 que en el edificio central de los tribunales de Azul está a cargo del fiscal Lucas Moyano.

La investigación

Desde meses atrás se está desarrollando esta pesquisa. Al respecto, en noviembre del año anterior había sido intervenido desde la Justicia un teléfono celular que estaba ligado a un usuario de Facebook, después de que se detectara que por medio de la cuenta de esa red social habían sido difundidos videos e imágenes en los que podían verse a menores de edad desarrollando "actividades sexuales explícitas", según se menciona en estas actuaciones penales.

Las escuchas realizadas por el personal policial a ese teléfono celular que fuera intervenido desde la Justicia sirvieron para identificar a quien sería el presunto divulgador de esas imágenes y videos que contenían pornografía infantil.

De esa manera, con esos nuevos elementos de prueba incorporados a esta causa se resolvió solicitar desde la UFI 22 el allanamiento que anteayer policías de la DDI Azul llevaron a cabo en la vivienda ya referida de la vecina localidad de Cacharí.

Además, el juez Barberena ordenó que fuera requisado el joven que está siendo investigado por esta presunta infracción al Artículo 128 del Código Penal, "habida cuenta que el carácter portable de buena parte de los dispositivos electrónicos cuyo secuestro se pretende pueden ser ocasionalmente detentados por la persona sindicada entre sus prendas de vestir", según había señalado el titular de Garantías 2 en lo dispuesto.

Un reporte enviado meses atrás a la UFI 22 desde la National Center for Missing and Exploited Children -una organización norteamericana que se dedica a localizar a niños desaparecidos y trabaja en la difusión de medidas para prevenir la sustracción y el abuso sexual de menores, como así también para combatir la pornografía infantil- se convirtió en el punto de partida de esta investigación penal.

La información señalaba que se estaba distribuyendo contenido pornográfico infantil desde un perfil de la red social Facebook, el cual ahora se sabe que es del joven domiciliado en esa vivienda de Cacharí que fuera allanada hace dos días.

Posteriormente los investigadores establecieron, una vez identificado ese perfil en la red social, que el mismo le pertenecía al cachariense que está siendo investigado, por lo que se procedió a intervenir un teléfono celular que utilizaba.

EL DATO

El Artículo 128 del Código Penal sanciona la tenencia de pornografía infantil. A través de dicha norma, se establecen penas de entre tres y seis años de prisión por el delito de "tenencia simple de material pornográfico infantil". Además, se reprime con prisión de tres a seis años al que "produzca, financie, ofrezca, comercie, publique o divulgue, por cualquier medio, toda representación de un menor de dieciocho años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales"; al igual que al que organice espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren menores. También castiga con prisión, pero de cuatro meses a un año, al que tenga en su poder material pornográfico infantil; y de seis meses a dos años al que posee en su poder representaciones pornográficas infantiles con fines de distribución o comercialización. En tanto, personas que faciliten el acceso a espectáculos pornográficos o suministren material pornográfico a menores de catorce años son sancionados con penas que van de un mes a tres años de prisión.

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