Por Moira Goldenhörn*

para Diario Digital Femenino

Veamos un poco la imagen en retrospectiva, mostrando cómo aparecen en escena los derechos de las mujeres y niñeces, situándonos a mediados del Siglo XX, tiempo en que la Argentina comenzó un camino de reconocimiento de los derechos humanos inherentes a cada persona en su singularidad, morigerando un régimen de privilegios reservados al pequeño grupo de familias terratenientes que ostentaban el poder para organizar el nuevo Estado Argentino. Así, con el concepto de "justicialismo", la justicia social se volvió a la vez eje transversal de las políticas públicas y horizonte de aspiración de las mayorías del pueblo argentino; pueblo que hasta entonces sólo conoció su condición servil ante los pocos privilegiados que erigieron el Estado en base al exterminio de los pobladores originarios y la reducción a servidumbre de quienes sobrevivieron al genocidio indígena.

En un país para el disfrute de pocos, construido sobre la ficción de blanquitud patriarcal europea, rápidamente se fueron consolidando estructuras de poder en base a diferentes marcos de desigualdad: racial, sexual, económica, cultural, etaria, territorial; y esos marcos teóricos de la desigualdad más diversa, dieron lugar a la Carta Magna Argentina, de cuya sanción no participaron más que hombres ricos educados en Europa, que cristalizaron sus privilegios en la Norma Fundamental del Estado naciente. Es sobre esa realidad jurídico-cultural que a mediados del Siglo XX el justicialismo irrumpe denunciando las desigualdades estructurales, partiendo de la cuestión social reconociendo por primera vez derechos laborales y sociales a las masas trabajadoras; y a la vez, reivindicando el rol de las mujeres en la economía, la política, la cultura, el deporte, las ciencias y otras áreas en las que habían sido históricamente relegadas, segregadas e invisibilizadas.

Es así como se forja la "agenda de mayorías en materia de género", o, bien, se consagran los "derechos de la mujer": acceso a la educación, derechos políticos, el comienzo de equiparación de los derechos familiares, derecho a la vivienda y protección laboral de grupos vulnerables como las madres solas y las jóvenes muchachas que llegaban a la Capital Federal en busca de trabajo como empleadas; y, por primera vez, tuvo lugar en las políticas públicas el derecho a los cuidados integrales y de calidad de las infancias por parte del Estado, con jardines infantiles y las grandes instituciones de cuidados como los Hogares Evita y la Ciudad Infantil. Tan revolucionaria fue esta agenda que se garantizó en la Constitución Nacional de 1949, la que contó por primera vez de la participación política de los trabajadores.

Debemos decir que estos avances en materia de buen vivir para las masas argentinas respondían a necesidades concretas de la realidad situada, la que fue profundamente transformada mediante el reconocimiento efectivo de derechos; y no a una mera adscripción declamativa en relación a una agenda global instalada por el progresismo neoliberal internacional que, presentando pequeñas mejoras para grupos minoritarios, carece de poder de transformación de la realidad en beneficio de las mayorías postergadas. Esta transformación hirió gravemente al sistema de privilegios que había garantizado un orden desigual en los primeros tiempos de la Nación Argentina.

Pero, ni siquiera con una nueva Constitución, democrática y plural, pudo garantizarse el acceso permanente de las mayorías a los derechos humanos más esenciales; por ello, con el golpe de Estado de 1955 (que se autodenominó "Revolución Libertadora"), luego de bombardeos sobre la población civil en Plaza de Mayo, en Río Colorado, Ensenada y Mar del Plata, comenzó el retroceso en materia de derechos y garantías que requirió -además de bombardeos- fusilamientos, demoliciones, y la proscripción con dolorosas penas del justicialismo como doctrina y partido político, sus símbolos y referentes. Entendemos que, pese a algunas mejorías temporarias, el proceso de aniquilación de derechos para las mayorías conseguido durante el primer tiempo peronista, continúa produciéndose; y es en este proceso, cada vez más sutil, que vemos la irrupción de nuevos actores y agendas del desguace, de la mano de la globalización.

El punto es que, quizás con muy buena intención pero con un efecto político debilitante para las masas como sujeto histórico-político, la agenda progresista en materia de igualdad de derechos llegó de la mano del relativismo político e idealismo lingüista que terminan con un nulo impacto en la transformación de las estructuras sistémicas del poder desigual; creando brillantes discursos de gran persuasión, pero que, en los hechos, sólo sumaron al efectivo reconocimiento y usufructo de derechos a pequeños grupos de reciente constitución en lo relativo a reclamos sociales y políticos, a los pequeños grupos de privilegiados de siempre. Así vemos, desde los análisis interseccionales, que, pese a la existencia de una declamación global de igualdad de derechos como mainstream, hay una mayor concentración de la riqueza, mayor feminización y racialización de la pobreza, y más cantidad de niños y niñas pobres.

Retomando con la mirada histórica, podemos decir que a mediados del Siglo XX se comenzó el camino de la equiparación entre hombres y mujeres, camino interrumpido por la dictadura de 1955, un breve avance de reconocimiento en la dictadura de Onganía con el Decreto Ley 17.711, y nuevos avances con la recuperación democrática en materia de igualdad en el derecho de las familias. Sin embargo, muchas juristas feministas críticas advertimos nuevos retrocesos para las mujeres sobre todo en materia de maternidad y una mayor desprotección de las adolescencias desde la unificación de los códigos civil y comercial, imbuida de progresismo globalizado. Lo vemos cotidianamente cuando reclamamos la perspectiva de género real, en lugar de ficcionar igualdad de condición entre padres y madres a la hora de cuidar y proveer, cuando reclamamos que no nos exploten reproductivamente desapareciendo el vínculo de la madre gestante que entrega a los hijos gestados por contrato, cuando reclamamos alimentos más allá de los 18 años porque las adolescencias no están en situación de independencia absoluta como la nueva legislación pretende, etc.

Entonces, decimos que urge poner sobre la mesa una agenda de mayorías desde el feminismo; una agenda que represente el reclamo de las mujeres que tienen más afectado su proyecto de vida por las desigualdades y violencias basadas en el género. Y, como sabemos, ese multitudinario sector está representado por las mujeres madres. Veamos en números crudos el tema de "las mayorías": a nivel global, algo más de la mitad de la población son mujeres; de ellas, son madres casi el 80%. Y esas madres, a su vez, representan jurídicamente al 40% de la población mundial: sus hijos e hijas. A primera vista podemos ver sobre los números duros que, de plano, tenemos un cruce porcentual entre madres y niñas/adolescentes; con lo que podemos presuponer que la maternidad es un factor de desigualdad para las mujeres, adolescentas y niñas.

Es por ello que hablamos de "agenda de mayorías", porque necesitamos equilibrar la desigualdad que trae la maternidad para las mujeres, aún las más privilegiadas. Desde hace décadas venimos hablando algunas feministas que elegimos la maternidad de "responsabilidad social solidaria en el cuidado de las niñeces y adolescencias", proponiendo sacar la maternidad del clóset feminista donde la guardó esa agenda progresista globalizante: las madres feministas queremos vivir con alegría y plenitud la maternidad, sin que ser madres presuponga un grave menoscabo en nuestros derechos humanos y los de nuestros hijos e hijas. Extender la agenda del cuidado y acompañamiento de niños, niñas y adolescentes como una pauta ética de la interacción social en miras al buen vivir; sobre todo cuando tenemos indicadores alarmantes que muestran que algo falla en los cuidados: cifras recientes de abusos sexuales en las infancias y adolescencias muestran que el 10% de las niñas y adolescentas y algo más del 3% de los niños y adolescentes resulta ser víctima de abusos sexuales según denuncias efectuadas, o que el suicidio es la segunda causa de muerte en los niños, niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años.

Para mostrar que es posible desarrollar adecuadamente esta "agenda de mayorías", decimos que algunas de las medidas positivas que se pueden tomar desde las políticas públicas son: equiparación de la jornada laboral materna con jornada educativa integral de las niñeces y adolescencias desde que finaliza la licencia por maternidad y hasta el logro de una autonomía responsable, espacios de cuidados para trabajadoras a contraturno y franqueras, cuidadoras domiciliarias gratuitas para las niñeces y adolescencias, eliminación del pink tax, atención en salud adecuada postparto y postmaternidad (cuidados del suelo pélvico, posturales, salud metabólica, salud mental perinatal, adecuado tratamiento de cicatrices, etc.), salud mental accesible y de calidad para todas las mujeres que maternan, reconocimiento efectivo de la maternidad como un segundo trabajo para acceder a la edad jubilatoria más temprano; y, como siempre, garantizar el acceso a la anticoncepción gratuita, segura y de calidad y a la interrupción voluntaria del embarazo segura y gratuita cuando se requiera. Paralelamente, seguimos insistiendo desde la sociedad civil en el Alerta Temprana Comunitaria como acción concreta y eficaz de prevención y abordaje de violencias basadas en el género contra mujeres, feminidades y también contra niños, niñas y adolescentes.

Para finalizar, mencionemos que, desde el poder judicial aún resta mucho por hacer en el reconocimiento y defensa de los derechos de las madres y sus hijos e hijas, y que estas falencias quedan cada vez más evidente; por ejemplo, el pasado 3 de Junio, las madres agrupadas en diferentes organizaciones nos unimos en una causa que nos afecta a la enorme mayoría de nosotras: el incumplimiento de la cuota alimentaria por parte de los progenitores de nuestros hijos, sacando los expedientes al sol para ventilar tanto a incumplidores alimentarios como a los juzgados que no cumplen con sus deberes de administrar justicia con perspectiva de género. Sin dudas, el feminismo actual es con y para las madres; estemos advertidas entonces ante los embates de una nueva "revolución libertaria" a casi un siglo después de la primera, que arrebate las magras conquistas y nos impida llegar a la igualdad.

(*) Abogada feminista, Mnd. en Cs. Sociales y Humanidades, Docente especializada, Investigadora en Sociología Jurídica.

Columnista de Diario Digital Femenino - Género y Derechos Humanos