Considerados los probables autores de un caso de extorsión cometido a través de una red social, desde la Cámara Penal departamental quedaron confirmadas las prisiones preventivas para tres de los cuatro imputados que tiene esa causa.

Los varones investigados estaban presos en la misma cárcel cuando este hecho se produjo en agosto del año pasado. Y junto con ellos, en este sumario figura también acusada una mujer que es hermana de uno de esos reclusos.

En las actuaciones penales -que lleva adelante desde la UFI 20 con asiento en General Alvear el fiscal Cristian Citterio- los imputados fueron identificados como Rodrigo Román Rojas, Brisa Antonella Rojas, Cristian Luis Flores Cañete y Daniel Antonio Romero.

Anteayer, desde la Alzada con sede en el tercer piso de los tribunales de Azul fueron desestimados un recurso de apelación que un defensor Particular presentara en favor de los hermanos y, también, el que había sido formulado por la Defensora Oficial de otro de los acusados.

De esa manera, valorando las evidencias incorporadas a esta Investigación Penal Preparatoria, por unanimidad los actuales miembros de la Cámara Penal -Carlos Pagliere (h), Damián Cini y Agustín Echevarría- ratificaron las prisiones preventivas que habían sido ordenadas para los hermanos Rojas y para Romero.

En una primera instancia, las detenciones de esos tres imputados fueron convertidas en prisiones preventivas el pasado 31 de mayo por Federico Barberena, el titular del Juzgado de Garantías 2.

En aquel resolutorio, ese magistrado había ordenado también la conversión de la detención en prisión preventiva del cuarto de los investigados: Flores Cañete.

Pero en el caso de ese interno, la medida cautelar dispuesta a fines de mayo pasado por el Juez garante no fue recurrida ante una segunda instancia, por lo que actualmente ya está firme, según explicaron voceros judiciales a EL TIEMPO.

Extorsionado

El hecho materia de esta investigación penal tuvo como damnificado a un vecino que reside en General Alvear.

"Entre los días 10 y 11 de agosto de 2023" -se describe en las actuaciones penales- ese hombre "fue extorsionado por al menos cuatro personas".

Los varones señalados como tres de los "coautores" de esta maniobra delictiva -Rojas, Romero y Flores Cañete- en aquel entonces estaban presos, por otros delitos, en la Unidad 46, la cárcel del SPB que está en José León Suárez, la localidad del conurbano bonaerense perteneciente al Partido de General San Martín. En tanto, la mujer también acusada se encontraba para esa época en libertad.

A través de lo que ha podido determinarse, los reclusos contactaron al damnificado utilizando un perfil falso en Facebook. Y a ese hombre le hicieron creer que quien dialogaba con él era una mujer llamada "Soledad".

De esa manera, lograron que el damnificado por esta extorsión remitiera "mensajes e imágenes íntimas". Y luego, sin sospechar que estaba siendo engañado, ese mismo hombre domiciliado en Alvear -quien tiempo después se convertiría en denunciante de lo sucedido- comenzó a contactarse con "Soledad" por medio de mensajes por WhatsApp que enviaba a un número con prefijo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Posteriormente, tal como sucede en estos casos, el varón víctima empezó a recibir más mensajes por esa misma aplicación, pero de otro número con prefijo también de CABA.

Se los enviaba -según ha podido determinarse- otro de los presos imputados, quien "simulando" ser un policía comenzó a amenazarlo, ya que le decía que "le había mandado fotos íntimas a una menor de edad" y que "debía pasarle dinero" si quería evitar que prosperara una denuncia en su contra.

Al alvearense que sufrió este hecho le fue proporcionado el número de cuenta de un CBU que -de acuerdo con lo que luego se estableció- le pertenecía a Brisa Antonella Rojas, la mujer coimputada.

Esa joven actualmente está presa en la Unidad 52 de Azul, luego de que hasta el jueves pasado -tras hacerse efectiva su detención meses atrás en el marco de esta investigación penal- permaneció en la Subcomisaría de Chillar.

A través de diferentes transferencias que el damnificado realizó, los autores del hecho lograron apoderarse de un total de 65.000 pesos.

Después, cuando denunció lo ocurrido, entregó como evidencia de las extorsiones que había sufrido capturas de pantalla de los diálogos por WhatsApp con uno de los presos.

"Esto no va a quedar así, juntame 20 mil más para romper los papeles. Si no, derivo los papeles y te meto en cana" y "voy a hacer que te detengan" refieren algunas de esas conversaciones que el hombre mantenía con uno de los investigados por este hecho.

Cuando el pasado 31 de mayo fueron ordenadas las prisiones preventivas para la totalidad de los imputados, a través de lo resuelto se mencionaba que desde la cárcel donde los tres varones estaban presos en agosto del año anterior utilizaron "teléfonos celulares no declarados dentro de la Unidad" para concretar esa maniobra delictiva.

Además, pudo establecerse que Rodrigo Román Rojas era el titular del móvil del cual se realizó "la llamada extorsiva" y que su hermana fue quien recibió la totalidad del dinero, a través de cuatro transferencias a un CBU a su nombre. Plata que después esa joven se encargó también de repartir entre los demás investigados.

En el caso de Cristian Luis Flores Cañete, resultó ser el titular de la línea telefónica desde donde se contactó con el damnificado, haciéndose pasar por "Soledad". Y Daniel Antonio Romero, en tanto, fue otro de los reclusos que recibió parte del dinero producto de esta extorsión.

El dato

Al igual que ya lo había hecho en más causas donde intervino, de similares características a este sumario penal, cuando a fines de mayo pasado ordenó las prisiones preventivas de los cuatro imputados el juez de Garantías Barberena -en respuesta a otra solicitud del fiscal Citterio- suspendió el denominado "protocolo para el uso de teléfonos celulares por parte de personas privadas de la libertad en el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense" para los hermanos Rojas, Romero y Flores Cañete. De esa manera, les prohibió usar teléfonos móviles en las cárceles donde están alojados. La medida cautelar para los investigados es extensiva a todo el tiempo que "insuma la duración del presente proceso".

Con varios antecedentes