La senadora provincial Lorena Mandagarán presentó en la legislatura bonaerense dos proyectos que apuntan a asegurar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.

Certificado Único de Discapacidad

El primero de ellos está referido al Certificado Único de Discapacidad (CUD). En ese sentido la legisladora azuleña solicita al Poder Ejecutivo que realice las modificaciones necesarias para eliminar la exigencia de renovar dicho documento cuando se trata de personas con discapacidades permanentes e irreversibles, ya que la renovación somete a su grupo familiar a trámites engorrosos y burocráticos.

Según se explicó, el CUD es un documento que certifica la discapacidad de la persona y le permite acceder a derechos y prestaciones que brinda el Estado.

"El Certificado se debería expedir por única vez y de forma definitiva para estos casos", resaltó la legisladora Mandagarán, para añadir luego que "por eso resulta indispensable la eliminación por parte del Estado Nacional de la exigencia de su renovación en los casos de discapacidades permanentes e irreversibles, sin perjuicio de los controles periódicos que puedan exigir las Juntas Evaluadoras".

Asimismo, solicita que se implemente una campaña de difusión permanente de llegada masiva a la comunidad sobre cómo obtener el CUD, sus alcances, derechos y prestaciones, ya que hay un alto porcentaje de personas que desconocen su existencia.

Cupo laboral

Por otra parte, la senadora Mandagarán presentó un proyecto de solicitud de informes al Poder Ejecutivo provincial para contar con datos precisos sobre la problemática laboral de las personas con discapacidad.

"La Provincia cuenta con una herramienta legislativa que considera el derecho del cupo laboral como obligatorio para el Estado provincial, sus organismos descentralizados, las empresas del Estado, las municipalidades, las personas jurídicas de derecho público no estatal creadas por ley, las empresas subsidiadas por el Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos, de ocupar a personas discapacitadas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al 4 por ciento de la totalidad de su personal", se subrayó.

En ese contexto, el pedido de informes apunta a conocer si el Estado provincial cumple con esta obligación, con la reserva de los puestos de trabajos para ser ocupados por las personas con discapacidad y las vacantes que se producen, y si comunican esta situación a la autoridad de aplicación. En caso de cumplirla, la legisladora azuleña pide que se informe en detalle los números y porcentajes de cada uno de estos puntos.

"Esta iniciativa tiene como objetivo conocer el estado de situación de este derecho y así poder generar reclamos, herramientas y respuestas en consecuencia, ya que desde hace años se escuchan permanentes reclamos de las personas con discapacidad debido al incumplimiento de la ley", sostuvo finalmente Lorena Mandagarán.