En diferentes instancias, los tribunales de Azul están plagados de causas iniciadas por hechos de abuso sexual. En algunos de esos casos, los imputados están detenidos. En otros, no.

Cada una de esas denuncias formuladas por las víctimas o desde sus entornos más cercanos convierte a este tipo de delitos en uno de los que más se cometen en la actualidad. Tal vez antes también sucedía igual; aunque en esas épocas era más común esconder esa realidad bajo la alfombra del olvido que revelarla para que, de esa manera, fuera la justicia la que pudiera intervenir.

Pero estos tiempos que corren son diferentes. Y ese tipo de casos se visibilizan más. A tal punto que, mediáticamente hablando, también vienen ocupando un espacio importante; mientras desde la justicia penal local se busca llegar hasta los dictados de condenas para quienes los cometen.

Si, una vez más, sirve como un indicador sobre esta situación lo que se ha venido reflejando a lo largo de 2022 en las páginas de EL TIEMPO con relación a esa problemática, una primigenia conclusión permite afirmar que los ilícitos de índole sexual fueron de aquellos que con más asiduidad se registraron en Azul durante este año que ya expira.

Las víctimas, casi siempre, son menores de edad. Y sus abusadores, aquellos que conviven con ellas en los entornos más íntimos.

Desde padres biológicos o parientes cercanos hasta parejas de las madres de esos chicos y chicas aparecen mencionados como imputados en esos sumarios penales que se han tramitado durante este año en sede judicial.

Un caso, entre tantos

Cuando un hombre identificado como Matías Leonardo Altamirano resultó detenido en abril pasado por un caso de abuso sexual en perjuicio de una menor que convivía con él, aquella situación parecía ser una de las tantas que se registran por episodios delictivos de estas características.

Pero rápidamente, esa medida de coerción -que lo sigue teniendo privado de la libertad a la espera del juicio al que tiene que ser sometido- estalló a nivel mediático.

Sobre todo, por el accionar desplegado por su hermana Griselda Altamirano, en reclamo de lo que, según continúa sosteniendo, es su inocencia.

La líder del movimiento social "1° de Octubre", no bien su hermano fuera arrestado en Azul en el marco de un procedimiento que personal policial llevara a cabo el 18 de abril, inició un acampe en el veredón del Palacio de Justicia local.

Aquella manifestación se extendió durante varios días, al mismo tiempo que -según lo que la propia Altamirano dijera- incluía que la mujer llevara adelante una huelga de hambre.

El acampe transitó por distintas alternativas y obligó a que diferentes autoridades judiciales intimaran a Griselda hasta que finalmente lo levantó, en medio de denuncias que iban desde los ruidos molestos que provocaba con esa protesta hasta presentaciones porque impedía, al estar instalada en el veredón de los tribunales, el normal ingreso y egreso de las personas que a diario concurren al edificio situado sobre la Avenida Perón.

Finalmente, la líder del movimiento "1° de Octubre" levantó ese acampe en junio pasado, días antes a que desde la Cámara Penal fuera ratificada la prisión preventiva de su hermano como el probable autor de ese caso de abuso sexual por el que sigue preso y a la espera de ser juzgado.

En septiembre pasado, desde el Tribunal Oral en lo Criminal número 1, donde está radicado este sumario penal para lo que será ese futuro debate -un proceso que contará con la intervención de un jurado popular- a Altamirano le había sido denegada, una vez más, una morigeración de prisión.

El encausado, un trabajador de la construcción oriundo de La Plata que vivía en Azul hasta que resultara detenido, en esa causa penal que lo involucra figura acusado de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, en ambos casos agravados por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con la víctima.

En esa vivienda de esta ciudad donde resultara detenido y en otra ubicada en San Bernardo han sido situados como ocurridos años atrás esos hechos de abuso sexual que le imputan. Todos, en perjuicio de una adolescente que era menor de edad para cuando esos ataques de índole sexual, según lo investigado, ocurrieron.

Para esas épocas la chica vivía con el acusado en los lugares referidos. Y "aprovechando la situación de convivencia, abusando de una relación de dependencia y autoridad respecto de la víctima y encontrándose en los domicilios mencionados" -según se sostiene desde la Acusación- Altamirano "abusó sexualmente de la menor, mediante tocamientos en sus senos en varias oportunidades, sin que la misma haya podido consentir libremente la acción, configurando por su duración y circunstancias de realización un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima".

Además, en esas mismas circunstancias referidas se sostiene que el hombre que sigue preso accedió carnalmente a la adolescente, "sin que la misma haya podido consentir libremente la acción".

La chica contó, cuando le fue tomada una declaración por medio de la Cámara Gesell, que había comenzado a ser abusada por el acusado cuando ella tenía doce años de edad.