El intendente municipal Nelson Sombra, acompañado por los funcionarios de su gabinete, presentó el 31 de agosto una serie de medidas de emergencia, destinadas a paliar la crisis administrativa, económica y financiera del Municipio. Entre ellas, en ese momento anunció la reducción de su sueldo en un 30%, y de un 15% para el salario de los funcionarios políticos, así como también la suspensión de viáticos para funcionarios; la reducción del 20% en compra de bienes y contratación de servicios; un máximo de 40 horas semanales para los empleados, la suspensión de horas extras, cobertura de vacantes y otorgamiento de nuevas funciones, entre otras medidas de ajuste.

Ese día Sombra explicó que "la idea de la presentación tiene que ver con detallar la situación actual de cara a la comunidad -por eso lo hicimos en este ámbito invitando a la representatividad política, a las fuerzas vivas-, para que en conjunto comprendamos la magnitud del desafío que tenemos por delante".

"Claramente tenemos una crisis económica, financiera y administrativa en el Partido de Azul. Es un déficit estructural que lleva muchísimo tiempo y que por supuesto se aceleró o se agravó por las políticas económicas que se han declarado a nivel nacional", resaltó el jefe comunal.

También describió la estructura comunal de recursos y gastos para que se comprendiera el desequilibrio existente. Al respecto, explicitó la procedencia de los fondos que en la actualidad representan un 70% de origen provincial y un 30% municipal.

Con relación a los gastos corrientes, Sombra informó que al 31 de julio de 2024, las remuneraciones de la planta de personal rondaban el 70% de los mismos, la recolección y barrido el 10% y otros un 20%.

Fueron ocho las audiencias desarrolladas en la Delegación Azul del Ministerio de Trabajo destinadas a destrabar este conflicto. Incluso, desde la cartera bonaerense se dictó la conciliación obligatoria, pero no se logró un acercamiento entre las partes en ese contexto. ARCHIVO/EL TIEMPO/NICOLÁS MURCIA

Respecto a las medidas que anunció, subrayó que "he decidido tomarlas ancladas en evitar despidos en este contexto tan complejo, en garantizar la cantidad de servicios y contraprestaciones que tenemos, en lograr recuperar la confianza entre los contribuyentes y su municipio y en poder sostener -tal vez un poco más limitada- una masa asalariada, cuyos ingresos se vuelcan en la economía local".

"No son novedosas, son medidas que ya se han tomado en este Municipio; tal vez lo novedoso es mostrárselo a la comunidad para que todos puedan comprender en la situación que está el Partido de Azul", recalcó Sombra.

En cuanto a la planta de empleados, el mencionado programa establece un máximo de 40 horas semanales en la carga horaria del personal municipal; la suspensión del pago de horas extras, de cobertura de vacantes y de otorgamiento de nuevas funciones, horarios prolongados y horas extras. En cada caso, se evaluarán excepciones a situaciones extraordinarias.

Asimismo, extendió la invitación al Concejo Deliberante para la definición y ejecución de un programa de reducción de gastos en el ámbito de su competencia.

"Esa es la realidad; está documentado; es información pública. Se las quería contar de cara a la comunidad, no en un salón cerrado en el que haya pocos actores. Necesito que la sociedad comprenda la situación que tiene Azul. Y no tengan dudas de que les he hablado con la verdad y el corazón", finalizó el intendente Sombra al dar a conocer los detalles del decreto que entró en vigencia el 1 de septiembre pasado.

Los gremios municipales realizaron un acampe en el veredón municipal, el cual se levantó cuando se dictó la conciliación obligatoria. ARCHIVO/EL TIEMPO/

El conflicto con los gremios

A los pocos días de la implementación de este decreto, los reclamos gremiales comenzaron a tomar estado público. Además de los sindicatos con representación en la comuna, la CGT Azul emitió un comunicado repudiando la medida. De igual forma, el consejo de la Regional Azul de esa organización se solidarizó con los trabajadores municipales "afectados ante estas medidas tomadas por el Ejecutivo Municipal".

Asimismo, la CGT local destacaba que el decreto "afecta directamente sus derechos y golpea duramente los ingresos de los trabajadores municipales, privados y sus familias".

En ese marco, se le solicitaba al intendente Sombra "recapacitar sobre las medidas tomadas y convocar a un diálogo genuino con los representantes gremiales, en búsqueda de una solución, donde la variable del ajuste no sean los trabajadores".

Ante el contexto planteado, los tres sindicatos municipales -STMA, ATE y SOEMPA- comenzaron a desarrollar asambleas con sus afiliados para analizar la situación. De esa forma comenzaron a implementarse diferentes medidas de fuerza, fundamentalmente retenciones de tareas, reclamando que se deje sin efecto la implementación del decreto, principalmente la reducción de la carga horaria de los empleados comunales, argumentando que representaba una significativa reducción salarial para los trabajadores

Tras varias reuniones entre los dirigentes gremiales y el Ejecutivo, las partes no lograban acercarse y el conflicto llegó al Ministerio de Trabajo de la Provincia. Fueron varias las audiencias que tuvieron lugar en la Delegación Azul de esa cartera bonaerense, con movilizaciones de trabajadores municipales incluidas.

Al no arribar a un acuerdo, el reclamo sindical se fue incrementando y los tres gremios decretaron un paro y decidieron acampar en el veredón municipal. Esta medida de fuerza se levantó cuando desde el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, la cual obligó a las partes en conflicto a retrotraer la situación al "estado anterior".

A pesar de eso, el intendente Sombra afirmó que el decreto seguía vigente, más allá de la devolución salarial a los trabajadores afectados por el recorte, la cual se iba a ejecutar en los días posteriores

La instancia de conciliación obligatoria finalizó luego de que tampoco se lograra acercar las partes durante la octava audiencia en el Ministerio de Trabajo. Fue a la medianoche del 23 de octubre cuando concluyó esa medida, quedando "las partes liberadas en sus acciones".

En ese punto, los gremios informaron que realizarían asambleas con sus trabajadores para decidir los próximos pasos. En el caso del Ejecutivo, quedó liberado para aplicar el decreto en cuestión.

Igualmente, los representantes del Ejecutivo expresaron en aquel momento que, desde la comuna, se estaban "gestionando fondos" para cumplir con diversas obligaciones, entre ellas, el pago de salarios a trabajadores y se expresó la intención de "continuar dialogando, incluso por fuera de esta instancia administrativa".

Un acuerdo, al menos, para el corto plazo

El diálogo entre el Municipio y los gremios siguió activo y de esa manera -a principios de diciembre- se alcanzó una solución en el marco de este conflicto, al menos para el corto plazo.

A pesar del acuerdo entre las partes en los que respecta al pago del salario de los empleados de la comuna, desde la representación sindical se advirtió que "no vemos que se haya encontrado la solución definitiva a este conflicto". Pero, desde el SOEMPA, se subrayó que "el trabajador tiene la tranquilidad de que va a terminar el año bien. A los dirigentes nos queda la incertidumbre y la necesidad imperiosa de un diálogo sincero y franco para obtener mejoras reales".

"El Ejecutivo entendió que los trabajadores estaban dispuestos a luchar por su salario, que no iba a ser sencilla la decisión que el Intendente había tomado. Comprendieron que era óptimo para todos terminar el año de una mejor forma. Hicieron el esfuerzo que deberían haber realizado desde un principio, que era recurrir a la Provincia para buscar la ayuda necesaria para solventar el salario de los trabajadores", se destacó desde el SOEMPA.

En la misma línea se sostuvo que "tenemos muchas deudas pendientes que nos marcan un panorama bastante difícil. El Intendente también lo entiende, porque incluso manifestó que nos tenemos que sentar a dialogar para trabajar acerca de cómo recomponer el salario".

Según se indicó desde ese gremio: "Entendemos algunas cuestiones y en varias tenemos coincidencias, pero vamos a ver las formas. Ahí es donde discrepamos con el Intendente, y lo vamos a seguir haciendo en la medida que él no atienda los requerimientos que le estamos manifestando".

"Veremos el resultado cuando termine el decreto"

Por su parte, el intendente Nelson Sombra -al realizar un balance de su primer año de gestión en diálogo con EL TIEMPO- hizo hincapié en el hecho de que no se han cumplido en su totalidad los objetivos planteados con la implementación del decreto de emergencia "por los idas y vueltas que hemos tenido con cada sector a la hora de plantear las dificultades que atraviesa el Municipio".

"Me parece que hacía rato que un Intendente no se paraba frente a su comunidad y le contaba de pies a cabeza o de la A la Z qué es lo que realmente le está pasando al Municipio y cuáles -según nosotros entendemos- son las causas por las que se llegó a esta situación", afirmó.

Según el mandatario local: "Veremos el resultado cuando termine el decreto, pero me parece que hay que tomar la parte positiva y desde el Ejecutivo lo que hemos hecho es instalar los problemas, avanzar, ir discutiendo y tratar de alinear todos los planetas para que salga una solución, la cual -evidentemente- durante 30 años no ha llegado".

Ante la consulta acerca de si se puede renovar el decreto luego del mes de febrero, Sombra respondió: "Sí, claro. Si en enero al presidente Milei se le ocurre hacer un 120% de devaluación, está claro que puede ser así. Si sale lo que pretende la oposición en lo que respecta a la Fiscal Impositiva y al presupuesto, realmente se va a complicar muchísimo la situación económica de Azul".

"Hacía rato que un Intendente no se paraba frente a su comunidad y le contaba de pies a cabeza o de la A la Z qué es lo que realmente le está pasando al Municipio y cuáles - son las causas por las que se llegó a esta situación", afirmó el intendente Nelson Sombra. ARCHIVO/EL TIEMPO/NICOLÁS MURCIA