A principios de septiembre pasado, cuando Javier Alonso -el ministro de Seguridad de la Provincia- estuvo en esta ciudad y mantuvo una charla con EL TIEMPO, en aquella entrevista no dudó en afirmar que "estamos ordenados" cuando fue consultado con relación a la lucha y prevención del delito en el Partido de Azul.

Respaldado en estadísticas oficiales procesadas a través del ministerio que conduce, el funcionario provincial era consciente de que Azul, una de las tantas ciudades del interior profundo bonaerense, no es una zona caliente si de inseguridad se trata.

Haciendo foco de manera más amplia en esa realidad de todos los días que marca el pulso de esta ciudad y de sus habitantes, lo afirmado por el Ministro de Seguridad provincial se corresponde con aquello que dijera. Y en ese contexto, concluir que Azul en materia de seguridad continúa obteniendo una nota más alta que muchas otras ciudades de la Provincia -sobre todo las situadas en el conurbano y urbes más grandes, tales como por ejemplo pueden ser La Plata o Mar del Plata- no resulta a esta altura un dato nuevo. Más bien es una tendencia que año tras año continúa ratificándose.

Pero eso no quita que esa supuesta tranquilidad que ofrece cualquier ciudad del interior, como esta en la que vivimos, a veces pueda verse sacudida por diferentes episodios que, por sus especiales características, dejan una mueca de preocupación en la totalidad de los actores pertenecientes a los organismos del Estado que tienen como función garantizar la seguridad de sus habitantes.

De esos hechos también hubo para contar, ahora que 2024 se termina y es momento de sumergirse en qué le pasó a Azul en materia de (in) seguridad durante este año que ya finaliza.

Repasar hechos y protagonistas surgidos del acontecer diario policial y judicial refleja varias conclusiones.

A primera vista, que entre las grandes problemáticas asociadas a la tan mentada cuestión este año finaliza con guarismos que reflejan un nivel elevado de robos de motos y de bicicletas.

Lo reconocen hasta las autoridades policiales, encargadas a diario de investigar ese tipo de ilícitos. Son quienes, también, concluyen que detrás de esos episodios generalmente hay menores de edad involucrados. Chicos que, por sus edades, incursionan en el delito sabiendo que no son punibles y que a través de ellos se pone una vez más en acción la tan mentada "puerta giratoria". La metáfora más clara para explicar que por esos ilícitos que cometen es tan sólo de manera transitoria que permanecen -como mucho- por algunas horas retenidos. Después recuperan sus libertades y nuevamente, inmersos algunos de ellos en críticos contextos de vulnerabilidad, vuelven a protagonizar hechos como los referidos. Y otros que, en algunos casos, son más graves.

Aquel intento de homicidio

En medio, una vez más, de esa eterna discusión instalada a nivel nacional vinculada a si es conveniente en Argentina bajar la edad de punibilidad de los menores -actualmente son factibles de ser castigados con penas de prisión aquellos que tienen 16 y 17 años-, precisamente adolescentes se convirtieron en los principales actores de lo que, sin dudas, en este 2024 en Azul fue uno de los episodios delictivos más graves que ocurrió.

Se trató de un intento de homicidio del que -para conocer más en profundidad sus características- hay que remontarse a lo que pasó en Villa Piazza Norte en horas de la tarde del viernes 22 de noviembre.

Aquel día un chico no punible por su edad, teniendo en cuenta que a principios de este mes recién cumplió 16 años, le disparó a otro mientras se trasladaba como acompañante en una motocicleta.

El hecho, se sabría después en el marco de la investigación penal que se inició, estuvo enmarcado en lo que fue definido como un conflicto "de larga data" que mantenían el agresor y ese otro menor al que convirtiera en víctima de lo sucedido, que para cuando este hecho se produjo sobre la calle Libertad, en cercanías al cruce con Bogliano, tenía 17 años.

Todavía hoy los investigadores resaltan como características principales de lo ocurrido esa tarde del 22 de noviembre pasado dos cuestiones: la extrema puntería evidenciada por el agresor -que utilizó un revólver calibre 38 que después, al ser incautado, se constató que estaba cargado con balas de punta hueca- y que, a pesar de la gravedad de lo sucedido, la víctima haya sobrevivido.

El recorrido que la bala desarrolló por el cuerpo del joven herido sirve para entender un poco más esa circunstancia mencionada en segundo término.

Al respecto, el proyectil que partió de ese revólver calibre 38 que el menor portaba -sin autorización legal alguna- ingresó en la mejilla derecha de la víctima y salió por el costado izquierdo de su cuerpo, a la altura del cuello.

En todo ese recorrido, milagrosamente la bala no afectó ningún órgano vital de ese chico que estaba con conocidos suyos cuando apareció el agresor para dispararle en la vía pública desde esa moto en la que iba, la cual conducía un joven de 19 años.

La víctima de este intento de homicidio estuvo internada en el Hospital Pintos, sin que en ningún momento su vida corriera riesgo, desde aquel viernes 22 de noviembre en que el hecho se produjo hasta el lunes siguiente.

En tanto, la aprehensión de su agresor por parte de la Policía el mismo día de sucedido el hecho derivó posteriormente, desde la Justicia de Menores, en que le fuera dictada una cautelar. Concretamente, una llamada "medida restrictiva de su libertad ambulatoria" por la que, en un principio, estuvo en un Centro de Aprehensión de Mar del Plata y, después, en un Hogar de Tránsito situado en La Plata.

Hasta días atrás, todavía era materia de tratamiento desde diferentes organismos estatales qué se puede hacer con ese menor, cuya no punibilidad al momento de cometido este hecho -tenía los ya mencionados 15 años de edad- implicaban que no iba a continuar durante mucho tiempo más privado de su libertad.

En ese contexto, se había convertido en una situación de extrema importancia decidir cómo reinsertarlo en la sociedad sin que represente un peligro para él ni para terceros. Y también determinar si, efectivamente, alguna vez estuvo inserto en ese tejido familiar y comunitario que cualquier persona en una instancia de crecimiento necesita a modo de contención. Un entramado que comenzó a ser conocido más en profundidad por los actores del Estado al tener a ese menor como el autor de un hecho que podría haber traído aparejada consecuencias muchas graves de las que finalmente tuvo.

Brutal asalto

A principios de mayo de este año, Azul vio sacudida su parsimonia habitual por un hecho de inseguridad que generó en un principio una mueca de preocupación entre quienes tuvieron a cargo llevar adelante la investigación que se iniciara en busca de esclarecer ese episodio delictivo.

El 6 de mayo, poco antes del mediodía, una mujer y la vecina que en ese entonces estaba cuidándola se convirtieron -en la casa donde vive la primera de ellas, sobre una de las esquinas de Salta y Cáneva- en las víctimas de un violento robo.

Según se determinaría después, el autor del hecho estaba armado con lo que sería un revólver, arma de fuego que no bien ingresó a la vivienda -cuya puerta principal estaba abierta- utilizó para intimidar y reducir a las mujeres: una de ellas actualmente de 77 años de edad y la otra, de 68.

El agresivo accionar desarrollado por el delincuente durante la comisión de este ilícito implicó que a ambas las amenazara de muerte, las golpeara, las inmovilizara con una cinta y las dejara encerradas en un baño antes de huir.

A través de testimonios que los investigadores tomarían después a esas mujeres pudo determinarse que el asaltante tenía datos con relación a la dueña de casa.

De ella sabía, por ejemplo, que tiene un hermano viviendo en Olavarría. Y le dijo que venía en busca de unos dólares, al parecer obtenidos de una supuesta venta de un vehículo automotor que ese hombre había concretado.

Pero el delincuente nunca encontró billetes estadounidenses en esa casa donde cometió este ilícito, que a modo de botín implicó que terminara llevándose unos 300.000 pesos que la mayor de las mujeres asaltadas tenía guardados en una caja que estaba en uno de los dormitorios de la propiedad donde reside.

En la tapa de esa caja, efectivos de la Policía Científica hallarían un rastro papilar del considerado autor del hecho, que actualmente está preso en una unidad penal a la espera de ser juzgado por lo ocurrido.

Ese hombre registra antecedentes y con anterioridad ya había estado en una cárcel cumpliendo condena por otros ilícitos.

No es oriundo de Azul, pero para cuando aquel ilícito que nuevamente lo tiene privado de su libertad se produjo estaba residiendo en esta ciudad con una mujer que era su pareja.

En los días posteriores a sucedido aquel violento robo que le atribuyen se fue de Azul, ante la posibilidad de que -tal como finalmente ocurriría meses más tarde- lo arrestaran como el presunto autor de ese hecho.

Luego de que su detención fuera ordenada el 31 de mayo, estando vigente también su captura recién pudo ser hallado el 23 de octubre.

De 37 años, ese día en que policías lo detuvieron en San Francisco de Asís -una localidad del Partido de Almirante Brown, en la zona Sur del Gran Buenos Aires- lo identificaron como Jonathan Oscar Fernández, nacido en CABA y de supuesta ocupación "albañil", según lo referido en las actuaciones penales.

Actualmente está a la espera del juicio al que será sometido por ese hecho que le atribuyen en perjuicio de ambas vecinas, definido por los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada, en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada por haberse cometido con violencia y amenazas.

En el marco de esta causa, el Fiscal a cargo de llevar adelante ese expediente judicial intentó también -hasta la citó a indagatoria- incorporar como una "partícipe" en lo sucedido a una mujer que es hijastra de la septuagenaria asaltada.

Pero el pasado 4 de diciembre, cuando en una primera instancia un juez de Garantías se pronunció a favor de elevar a juicio este sumario penal, a través de lo decidido también dictó el sobreseimiento de esa azuleña de 47 años de edad. La misma que desde la Acusación era señalada como la entregadora del violento asalto ocurrido el 6 de mayo y que, varios meses después, derivaría en una localidad del Gran Buenos Aires en la captura del considerado autor material de aquel ilícito.

En Azul, un promedio de dos por día

Si de hablar de siniestralidad vial se trata, en Azul el semáforo indicador sigue estando con su luz roja encendida.

La problemática es a esta altura más que preocupante. Y excede, aunque no la excluye, a lo que se pueda hacer desde lo policial o lo judicial, generalmente actores llamados a intervenir cuando el hecho ya se produjo.

Involucra, fundamentalmente, a todos quienes formamos parte de esta sociedad, cuyos integrantes suelen verse golpeados año tras año por tragedias viales que afectan a sus familias, con las consecuentes pérdidas de las vidas de quienes protagonizan siniestros de tránsito.

Este 2024 que ya termina dejó en Azul más víctimas fatales vinculadas con hechos de esas características. Y hubo jóvenes entre las personas que murieron a causa de esta problemática.

El panorama, lamentablemente, sigue siendo poco alentador. Sobre todo si se toman en cuenta las cifras oficiales que se manejan, que indican que en promedio, por día, en Azul se registran unos dos siniestros de tránsito.

Hay mucho por hacer y mejorar todavía en ese aspecto. Y sigue siendo responsabilidad de todos revertir cifras que alarman cuando de por medio están en juego esas vidas que se continúan perdiendo por hechos que son completamente evitables.

Los abusos sexuales que persisten

En mayo pasado dos mujeres se convirtieron en víctimas de un violento asalto. Varios meses después, al considerado autor del hecho lo capturaron en el Gran Buenos Aires. Sigue preso, a la espera de ser juzgado. ARCHIVO/EL TIEMPO

Tal vez en una menor cantidad que los de violencia de género, aunque también en un gran cúmulo, los casos de abusos sexuales -en su mayoría a menores a los que suelen convertir en víctimas miembros de sus propios grupos familiares- también fueron materia de tramitaciones de decenas de causas penales y de posteriores condenas, en varios de esos hechos, para quienes los cometieron.

En ese contexto, el 25 de abril pasado se conoció en el Palacio de Justicia local la resolución de una de esas causas, a través de un debate donde un jurado popular había declarado a un hombre llamado Matías Leonardo Altamirano "culpable" de haber abusado, en más de una ocasión y durante varios años, de una menor que formaba parte de su entorno familiar.

Lo sustancial de aquel proceso estuvo relacionado con la pena dictada al declarado abusador de la menor: veinte años de prisión.

En una primera instancia, la condena impuesta al por entonces encausado fue superior en su monto a la que había solicitado en su alegato final el Fiscal del debate.