La política económica del Gobierno nacional, en 2024, tuvo un impacto directo en esta comunidad -al igual que en el resto del país-, tanto por la depreciación del salario como por la notoria disminución del consumo de productos básicos, entre otros aspectos fundamentales. En ese contexto, se incrementó la demanda de alimentos por parte de los sectores más vulnerables y en ello desempeñaron un papel fundamental -y lo siguen haciendo- las organizaciones intermedias, al brindar apoyo alimentario a las familias que lo requieren. Pero el modelo económico nacional también tuvo su repercusión institucional. Con el DNU 70 y la ley ómnibus ya en escena, fueron varios los sectores que comenzaron a movilizarse para expresar su repudio a los intentos de privatización de empresas estatales con sede en Azul. El caso del Banco Nación fue uno de ellos, pero no el único. La empresa Fanazul, a esta altura, continúa en una "zona gris" a la espera de su reconversión de Sociedad del Estado en Sociedad Anónima. El Banco Nación fue eliminado de las empresas estatales sujetas a privatización. Y ello ocurrió, en gran medida, por la lucha sostenida por los trabajadores de distintos sectores, fundamentalmente los representados por el gremio bancario -que encabezó esa lucha en particular-. Como hacía tiempo no ocurría, la CGT Azul y sus organizaciones adheridas realizó una multitudinaria marcha en esta ciudad en el mes de enero. A esa lucha se sumaron los gremios de las CTA y también diversos sectores comunitarios.

Con el inicio del ciclo lectivo, el ajuste impactó directamente en las universidades nacionales. Aquí, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) se puso al frente del reclamo por el financiamiento del sistema público. Ya los docentes -bonaerenses, en este caso- habían dejado de percibir en sus salarios el Fondo de Incentivo Docente: el Gobierno nacional resolvió eliminarlo y, de ese modo, dejar de remitir las partidas correspondientes a los gobiernos de provincia. Y aunque las paritarias bonaerenses se mantuvieron a lo largo del año, otorgando por lo general un aumento similar al índice inflacionario del INDEC, no se llegó a recuperar lo perdido en concepto de Incentivo Docente -cerca de un 20% del salario, en algunos casos, más otros ítems que también se recortaron desde Nación-. El desempleo comenzó a darse, progresivamente. En el caso de Fanazul se ofrecieron retiros voluntarios y, en general, en otras empresas e instituciones estatales se ejecutó el programa de jubilación anticipada. Desde el gremio de los mercantiles, al promediar el año, se mencionó que se estaba dando una pérdida del empleo "a cuentagotas". La encuesta que se desarrolló hasta fines de noviembre en Azul, sobre las condiciones de empleo y seguridad social en el distrito, permitirá conocer en las próximas semanas -cuando se den a conocer los resultados del relevamiento- el impacto local de la desocupación, entre otros aspectos contemplados en ese sondeo.

Naturalmente, ya que las políticas estatales consisten en un encadenamiento necesario -y de allí también sus consecuencias-, los ajustes de la política económica nacional impactaron durante el 2024 tanto en la gestión provincial como en la local. A la situación general por inflación, más recesión, desempleo, desamparo de políticas de salud pública -entre otros factores-, se incorporó progresivamente la conflictividad en el propio escenario local: la Municipalidad -principal empleador del distrito, numéricamente hablando- pasó el primer semestre tratando de hacer pie y, finalmente, en el mes de agosto el Gobierno municipal anunció, a través de un decreto, el colapso administrativo, financiero y económico de la Comuna. Ello, al implicar un recorte en la masa salarial de los trabajadores, disparó un conflicto de gran envergadura con las organizaciones sindicales [ver Pág. 6]. También este tema -al estar vigente el decreto de emergencia hasta febrero próximo inclusive- se encuentra en esa "zona gris" de la que nada puede anticiparse en cuanto a cómo se desarrollará, efectivamente, durante los meses de enero y febrero; o si se prorrogará; si se cumplieron los objetivos previstos por el Ejecutivo, etcétera. Lo cierto es que, rápidamente, se observó el colapso del sistema de salud: a la habitual demanda, se le anexó de manera abrupta los nuevos sectores desempleados, quienes ya no poseyeron obra social y, en los últimos meses, lo producido por el conflicto entre IOMA y FEMEBA que implicó, para el hospital público, una mayor demanda asistencial. Al momento de editarse este suplemento, también esta situación estaba sin resolverse y, más tardíamente que en otras ciudades, en Azul comenzaban a darse las primeras movilizaciones de afiliados al IOMA.

Retomando la idea del efecto cadena, ya conocidas algunas de las aristas del presupuesto nacional y los paquetes de leyes que el Ejecutivo prepara, el 2025 se inicia con más interrogantes que respuestas en esta comunidad en la que interactuamos.

El 2024 comenzó con altas temperaturas, tanto en lo meteorológico como en lo político. El día 24 de enero se realizó el paro general de la CGT, que adquirió en Azul una masividad como hacía tiempo no se registraba. "Estamos movilizados y en alerta permanente, ya que en el caso específico de Anses vemos completamente avasallados nuestros derechos", se afirmó desde el gremio SECASFPI, desde donde se confirmó que "hay despidos arbitrarios, más de quinientos a nivel nacional". Por ello, "estamos en alerta y movilización ya que dentro del decreto presidencial se establece una cláusula en la cual el Poder Ejecutivo puede hacerse del Fondo de Garantías de Sustentabilidad".

En tanto, desde el gremio de los bancarios se mencionó por entonces que "somos respetuosos de la voluntad popular, pero nunca en la historia democrática un Presidente [Milei, en este caso] tomó tantas medidas en contra de los trabajadores" y, además, se refirió: "Tanto en el DNU como en la ley ómnibus está clara la mano de los grupos que se favorecen a costa de la clase media, que la forman trabajadores, productores, comerciantes, cuentapropistas, profesionales, jubilados. Está claro ahora que, al final, el ajuste lo paga la clase media". El Ejecutivo nacional "intenta privatizar el Banco Nación, el más grande de nuestro país y, además, superavitario", se afirmó, en el comienzo de la lucha en defensa de la entidad bancaria.

Durante la primera marcha masiva, la CGT Azul dio a conocer un documento en el que subrayó: "Como trabajadores confederados en la CGT Regional Azul y en el ejercicio del derecho constitucional a expresarnos y la libertad de manifestamos, en primer lugar damos gracias por pertenecer a una Argentina que no se vende a las maniobras de los intereses de usureros que utilizan a los gobernantes sumisos para promover leyes que erosionan y entregan el patrimonio nacional".

"Damos gracias por las generaciones que nos han precedido en la lucha durante estos setenta y siete años como CGT y a quienes en todas las épocas anteriores a nuestra fundación lucharon para legarnos derechos que significan a cada ser humano. Damos gracias a quienes hoy se han hecho presentes en esta plaza para poner de manifiesto que Azul -rumbo al Bicentenario- marcha a horizontes que necesitan el trabajo y el compromiso de todos los sectores comprometidos con el bien común. Damos gracias por todo aquello que el corazón de los aquí presentes anhela para los tiempos que vendrán", se enfatizó desde la CGT azuleña.

La lucha de los bancarios contra el DNU rindió sus frutos en los primeros meses del 2024: el Banco Nación fue eliminado de las empresas estatales que se proyectaban privatizar. ARCHIVO/NACHO CORREA

También se planteó que "nos encontramos aquí todos para defender los derechos civiles, sociales y laborales; por el desarrollo económico de cada familia trabajadora, de cada localidad de nuestro Partido; por los recursos naturales, para hacer de nuestros hogares y ambientes lugares que fomenten y favorezcan la vida; por el ejercicio de manifestar el disenso y protestar ante cada intento de imponer sin diálogo medidas amparadas en necesidades económicas; por el patrimonio cultural en el que hunde sus raíces nuestro pueblo y el patrimonio científico heredado y por el que se trabaja en cada nivel de nuestro sistema educativo; por las fuentes de trabajo, que en nuestro partido se ven afectadas por las medidas que pretende el Poder Ejecutivo de la Nación, en especial por aquellas que impulsa contra el Banco Nación y las empresas del Estado, como nuestra querida Fanazul".

Varias empresas estatales finalmente fueron retiradas del decreto que planteaba su privatización. En el caso de Azul, el Banco Nación y Fanazul. Pero, en mayo la fábrica se explosivos volvió a encabezar titulares. Desde Fabricaciones Militares, sorpresivamente, se anunció la paralización de la producción de mastermix y, con ello, el congelamiento de los proyectos productivos que se habían programado desde su reapertura el 9 de junio de 2023.

Desde Fabricaciones se comunicó que se trataba de una "parada técnica" por unos días, pero fuentes sindicales afirmaron que, en realidad, era una paralización indeterminada, tal como ocurrió. En ese mismo momento, desde Fabricaciones Militares se confirmó a los directivos de Fanazul que el contrato con la empresa peruana Orica, que compraba el mastermix producido en Azul, "se ha caído". El contrato había entrado en vigencia poco después de la reapertura de la fábrica, en 2023, y tenía una duración prevista de cinco años. No fue lo único: una semana después se instrumentaron los retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas en la fábrica local. Desde diversos sectores, principalmente sindicales, se iniciaron gestiones por esta nueva crisis de Fanazul que, semanas después, se agravó. En efecto, los primeros días de agosto dos empresas extranjeras recorrieron las instalaciones fabriles. Por un lado, representantes de la firma CSG Group de República Checa y, por el otro, de la empresa Hispania, de capitales españoles. Esta situación encendió aún más la alarma y, a fines de agosto, desde el propio Gobierno se confirmó el hecho: a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) se convertirá en sociedades anónimas a las cinco plantas pertenecientes a Fabricaciones Militares, entre las que se encuentra Fanazul. Durante un encuentro en la sede de Fabricaciones Militares, por esos días, se informó oficialmente a trabajadores y sus representantes sindicales, que "la única salida viable" para las plantas es la llegada de inversores que aporten capital, toda vez que el Estado "no tiene intenciones de invertir" en las fábricas militares. Al día de hoy, aún se aguardaba la publicación en el Boletín Oficial del decreto que convertirá a Fanazul en una sociedad anónima y, recién entonces, se podrán conocer todos los alcances de la medida. El estado de alerta de los fabriqueros, en consecuencia, se mantiene en el inicio del 2025.

A fines de mayo del 2024 se realizó una reunión ampliada de fabriqueros con representantes de los distintos bloques del Concejo Deliberante. Poco después se conocería la decisión gubernamental de convertir a Fanazul en una sociedad anónima. ARCHIVO/PRENSA CONCEJO DELIBERANTE

En cuanto a la UNICEN, en febrero del 2024 se conoció un dato significativo: fue ubicada como la cuarta universidad más posicionada del país. Los datos surgieron del Laboratorio de Cibermetría del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC), que dio a conocer la Edición 21° del Ranking Global de Universidades. La UNICEN quedó ubicada detrás de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Córdoba. Pero prácticamente al mismo tiempo se desencadenó el conflicto por la decisión del Gobierno nacional de no sostener el financiamiento del sistema público universitario. Como consecuencia de ello, durante el año se realizaron diversas movilizaciones y otras acciones directas en rechazo de las medidas gubernamentales. Por ejemplo, el 14 de marzo se realizó una multitudinaria marcha en Azul, con una magnitud similar a la concretada en enero por la CGT.

Se observó, en este caso desde la Facultad de Derecho con sede en Azul, que para "el mes de mayo la universidad está en serio riesgo de cierre. Hay un ajuste muy fuerte en el presupuesto y eso impacta no sólo en el sueldo de los trabajadores que está prácticamente congelado, sino también en el resto de los servicios como las becas de los estudiantes y el funcionamiento de la actividad cotidiana de una universidad, que no es sólo las clases sino también la investigación, la extensión y el resto de las actividades que lleva adelante cualquier universidad pública y en nuestro caso la UNICEN". Al mismo tiempo, durante una asamblea en el Salón Auditorio del Campus Universitario, desde el Rectorado se anunció la "emergencia económica" de esa casa de altos estudios. Poco después del inicio del ciclo lectivo, la Mesa de la Comunidad Universitaria sede Azul UNICEN presentó una nota en el Concejo Deliberante invitando a una inminente movilización, la cual "pretende dar cuenta del compromiso de la UNICEN con la educación pública y los valores democráticos que se promueven en nuestra institución, así como visibilizar la situación de crisis económica que atraviesan todas las universidades del país y generar un clima de solidaridad y compromiso por parte de la ciudadanía en general con nuestra Universidad".

En ese contexto, se dio a conocer la declaración del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en la que se puntualizó que "las rectoras y los rectores de las universidades públicas argentinas [UNICEN, entre ellas] queremos manifestar con claridad que la situación económica financiera que atraviesa el sistema universitario público es grave y que necesita urgente respuesta por parte de los poderes del Estado nacional".

El universitario, público y gratuito, fue otro de los sectores golpeados por las políticas del Ejecutivo nacional. El desfinanciamiento provocado generó masivas y periódicas acciones directas en el distrito, encabezadas por la UNICEN. ARCHIVO/NICOLÁS MURCIA

"Hoy es necesario que la sociedad en general y la comunidad universitaria en particular nos acompañen en nuestro reclamo. Se trata de la defensa de la sociedad argentina en su conjunto, que, si quiere resolver sus problemas estructurales, debe priorizar la educación pública que nos iguales y hace libres, la formación universitaria de excelencia y la inversión en ciencia y tecnología y, consecuentemente, jerarquizar su asignación presupuestaria", se planteó entonces, aspectos que mantienen plena vigencia en vísperas del 2025. En efecto, el conflicto continuó en los siguientes meses -a las primeras movilizaciones-. En octubre último, desde el Rectorado de la UNICEN se sostuvo que, "como ha estado ocurriendo a lo largo de todo este año, la universidad atraviesa una situación compleja y hoy esto resulta más evidente en la cuestión salarial que ha tenido un retroceso muy importante en estos diez meses que van del 2024 con muchos de nuestros trabajadores por debajo de la línea de pobreza, cosa que no es común en el sistema universitario". De ese modo, el reclamo se fue amplificando, y entre las acciones directas se realizó una toma del Rectorado en Tandil, acompañado por movilizaciones en las sedes de Azul y de Olavarría.

El 21 de noviembre se inició -y continuó el 22- "La noche de las Universidades", una acción en la que todas las universidades públicas del país abrieron sus puertas a la comunidad, esperando el aniversario de los 75 años de la gratuidad universitaria en Argentina. El hecho, nuevamente, sirvió para visibilizar el conflicto que afecta al sistema público universitario. A principios de diciembre del 2024 la UNICEN conmemoró los 50 años de su nacionalización. En esa oportunidad, desde el Rectorado se destacó el acompañamiento comunitario en cada sede, que "se tradujo en las marchas universitarias que, en este año, se concretaron en defensa del financiamiento universitario, científico y educativo".

"Frente a las políticas nacionales que no ponen a las universidades públicas en su prioridad, nuestra institución redobla sus esfuerzos ante las dificultades y se sostiene más viva que nunca, dispuesta a defender a ultranza a la educación pública", se definió desde la UNICEN.

Como se indicó en el inicio de este artículo, el 2025 comenzará con varios frentes de conflicto en Azul, como consecuencia de las políticas económicas del Gobierno nacional. A los ajustes producidos en las dependencias de Anses, la ex AFIP, el INTA, Senasa -por ejemplo-, se suman -y mantienen su latencia- la crítica situación tanto de Fanazul -camino a ser convertida en una sociedad anónima- y, en el caso del sistema universitario público, de la UNICEN. En ese plano, cuanto menos, el 2025 comienza con una profunda -y preocupante- incertidumbre.