Por Moira Goldenhörn

Especial para El Tiempo

La reciente sanción definitiva de la ley que reforma el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, agilizando los trámites para el cobro de la cuota alimentaria de niñas, niños y adolescentes (NNyA), es un avance histórico en la lucha por garantizar sus derechos. Esta nueva normativa, que ahora se encuentra completamente aprobada, refleja un paso significativo en la consolidación de los derechos humanos de las infancias y en la atención a la desigualdad estructural que afecta, principalmente, a las madres que luchan por el sustento de sus hijos.

La reforma fue impulsada por las legisladoras Sofía Vannelli y Ayelén Rasquetti del Frente Renovador, con el apoyo continuo de Maru Breard desde la Dirección de Género de la Cámara de Diputados y el Juez de Paz Javier Heredia. Su trabajo incansable, junto con el respaldo de organizaciones de la sociedad civil y abogadas de la matrícula, autores doctrinarios e investigadoras de diversas disciplinas, ha sido clave para que esta ley sea posible. A lo largo de un proceso de varios meses, los actores políticos, sociales y judiciales involucrados discutieron las problemáticas reales y urgentes que enfrentan miles de familias en la provincia, especialmente aquellas con menores en situación de vulnerabilidad.

¿Qué trae esta reforma?

Entre las principales modificaciones que incorpora la ley se destacan la agilización de los procedimientos judiciales y la creación del "Índice Crianza", una herramienta diseñada por el INDEC que establecerá un piso mínimo para las cuotas alimentarias, tomando en cuenta aspectos básicos como la alimentación, salud, educación, vestimenta y vivienda de los menores. Esta medida resulta crucial porque establece una cifra mínima de referencia que impide que los alimentos sean determinados de manera arbitraria o insuficiente, protegiendo así los derechos de los NNyA frente a situaciones de incertidumbre económica.

El Índice Crianza tiene una dimensión fundamental: establecer un estándar mínimo de justicia alimentaria que permita a los menores acceder a recursos básicos, independientemente de las fluctuaciones del mercado o de la capacidad económica de quienes deben garantizar ese sustento. La inclusión de este índice es un acto de reconocimiento de las necesidades fundamentales de las infancias, y apunta a nivelar una situación que muchas veces ha dejado a las madres y sus hijos en una posición de desventaja.

El cambio de paradigma judicial: la importancia de la reforma

Lo que es verdaderamente transformador de esta ley no sólo es la implementación del Índice Crianza, sino también la modificación de los tiempos de respuesta en los tribunales. En casos donde no existan pruebas en contrario, los jueces y juezas tendrán un plazo máximo de cinco días para dictar sentencia sobre el pago de alimentos provisorios. Esta medida implica una mayor celeridad en los trámites de medidas cautelares, reduciendo los tiempos de espera que hasta ahora resultaban inaceptables para las madres, quienes debían esperar meses o incluso años para obtener una resolución definitiva y las medidas cautelares son sistemática e inexplicablemente negadas,

Así es que en el día a día judicial aún nos enfrentamos a obstáculos importantes. Como abogada especializada en la materia tengo que decir que, aunque esta ley es un avance significativo, no podemos ignorar que en la práctica muchas veces nos encontramos con jueces que, de manera arbitraria, niegan alimentos provisorios a niños, niñas y adolescentes, sin argumentos sólidos o basados en el derecho. Este tipo de decisiones, que se producen por prejuicios de género o por falta de compromiso con los derechos de los menores y sus madres, constituye una vulneración grave que, lamentablemente, aún persiste en nuestra justicia, cuyos funcionarios y funcionarias olvidan los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos que han asumido el Estado Argentino y la Provincia de Buenos Aires.

Los derechos de las infancias no pueden seguir siendo objeto de interpretaciones sesgadas, ni depender de la opinión o mera voluntad de un juez o de los argumentos de defensa técnica de los demandados. Los derechos humanos de los NNyA deben ser protegidos de manera integral y no pueden estar sujetos a la decisión de una persona que, por razones personales o ideológicas, decida vulnerarlos. Lo mismo que para las madres, quienes deben tener doble, triple y hasta cuádruple jornada laboral o recurrir a actividades ilícitas o inmorales e inseguras en no pocos casos para solventar las necesidades de sus hijos e hijas.

El rol del Tercer Sector y la lucha constante de las organizaciones de mujeres y madres

El impulso de esta ley no hubiera sido posible sin el trabajo constante y el reclamo de organizaciones de mujeres y madres que, a lo largo de los años, han exigido cambios legislativos y judiciales para garantizar la protección de los derechos de sus hijos. Estas organizaciones han sido clave para visibilizar las barreras económicas, sociales y judiciales que enfrentan las madres en el proceso de cobro de alimentos, y siguen siendo un pilar fundamental para las reformas que aún están pendientes.

Además, una de las principales demandas que persisten es la implementación de un sistema de patrocinio jurídico gratuito, que garantice a las madres el acceso a patrocinantes idóneos en la materia, con honorarios dignos que les permitan iniciar los trámites de manera eficiente. Este patrocinio debe ser completamente cubierto por el Estado, para asegurar que ninguna madre se vea obligada a renunciar a sus derechos por no poder afrontar los costos legales. Además, debemos destacar que las abogadas que se dediquen a estos casos deben contar con recursos y formación especializada e idoneidad y trayectoria comprobable, para defender de manera efectiva los derechos de las infancias y garantizar el cumplimiento de la ley.

El Foro Interdisciplinario sobre Cuota Alimentaria: un paso previo a la sanción de la ley

Es importante destacar que, antes de la sanción definitiva de la ley, el pasado 27 de noviembre se celebró en nuestra ciudad de Azul un evento fundamental para este proceso. En el Colegio de Abogados se llevó a cabo un Foro Interdisciplinario sobre Cuota Alimentaria para Maternidades Dignas, en el que se abordaron diversos aspectos legales, sociales y económicos relacionados con el cobro de la cuota alimentaria y las dificultades que enfrentan las madres y los niños.

Este foro, que tiene una antigüedad de casi dos años y presencia en toda la Provincia y ahora también a nivel Federal, contó con la presencia de magistrados, funcionarios de la Cámara de Diputados, abogadas e investigadoras, además de representantes de las organizaciones locales de madres, quienes discutieron de manera profunda las reformas que eran necesarias para garantizar la justicia alimentaria. Durante el evento, los funcionarios adelantaron la inminencia de la reforma y expresaron su compromiso con la pronta sanción de la ley, la cual finalmente se logró gracias al trabajo colaborativo y la presión constante de la sociedad civil.

Un cambio cultural y judicial pendiente

Hoy celebramos la sanción de esta ley, pero sabemos que no es suficiente. Necesitamos un cambio cultural y práctico en los tribunales y en las prácticas judiciales. Las infancias no pueden seguir siendo rehenes de un sistema lento, desigual y opaco. Las juezas y jueces deben estar comprometidos con la protección efectiva de los derechos humanos, y no pueden seguir negando alimentos provisorios sin fundamentos legales. El Estado debe garantizar la representación jurídica gratuita y especializada para las madres, y las leyes deben ser cumplidas sin excepciones.

La sanción de esta reforma es solo un primer paso. Ahora, debemos trabajar para asegurar que su implementación sea efectiva y que las infancias y sus madres encuentren en el sistema judicial un verdadero aliado en la defensa de sus derechos.

(*) Abogada. Investigadora en Sociología Jurídica.