"Si bien no se puede determinar la participación directa que le cupo a cada uno de los implicados con respecto a la mecánica de producción de la muerte de Daiana (por caso, quién la asfixió, quién la inmovilizó y/o le sujetó los brazos y/o las piernas, etc.), ya que la prueba viene aportada por la voz de los propios agresores, lo cierto es que lo colectado y su cotejo con el acta de procedimiento permiten inferir una conexión directa entre las posibles acciones u omisiones homicidas desplegadas por los funcionarios policiales y el mecanismo producto del cual coactuaran para que se produjera el óbito".

"Por ello, entiendo que existen elementos suficientes e indicios vehementes para tener por acreditada la existencia del delito de homicidio doblemente agravado por su comisión con el concurso premeditado de dos o más personas y por tratarse de miembros de las fuerzas de seguridad policial en abuso de su función, y en ese caso motivos bastantes para sospechar que Juliana Zelaya; Adrián Osvaldo Núñez; Vanesa Soledad Núñez y Pamela Di Bin han participado en su comisión en calidad de coautores".

"Con respecto a la participación de Leandro Esteban Fuhr en el delito investigado, entiendo que el mismo reviste en este estadio procesal la calidad de encubridor, subsumiéndose su conducta en la figura del encubrimiento agravado, en razón que la probatoria colectada no permite sostener su dominio en la ejecución del hecho".

Fabiana San Román, jueza de Garantías con asiento en Olavarría, llegó a las referidas conclusiones este domingo que pasó, el mismo día que en Laprida los cinco policías de la Bonaerense mencionados terminaron siendo detenidos.

Todos ellos ahora son señalados como los responsables del asesinato de Daiana Abregú, hecho descubierto el pasado 5 de junio en la sede de la Estación de Policía Comunal con asiento en la referida ciudad, distante de Azul a poco más de 160 kilómetros. El lugar donde, aquel día domingo, la víctima se encontraba en carácter de aprehendida por una causa contravencional.

En principio, de la mano del resultado de una autopsia realizada por una médica de Azul que ahora también está en la mira de esa investigación penal, desde la misma fuerza de seguridad se informó que el deceso de la joven -que tenía 26 años, era mamá de un pequeño hijo y con ese nene tenía previsto viajar el lunes 6 de junio a La Plata para radicarse en esa ciudad y empezar a cursar la carrera de Enfermería- obedeció a que se había suicidado, al ahorcarse con una campera en la celda donde permanecía.

Pero esa falsa hipótesis ahora ha quedado completamente desvirtuada. Y anteayer domingo, en horas de la tarde noche, los cinco efectivos de seguridad referidos fueron detenidos durante procedimientos que en Laprida realizaron agentes de la Policía Federal Argentina, los cuales estuvieron encabezados por José Ignacio Calonje, el fiscal que desde la UFIE con asiento en Azul lleva adelante esta Investigación Penal Preparatoria.

Los imputados, sobre quienes semanas atrás ya recaían sospechas de que estaban involucrados en la muerte de la joven, habían sido apartados preventivamente de la fuerza, a través de una medida ordenada desde la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad provincial. Y también fue removida en Laprida la cúpula máxima de autoridades policiales, ante lo que ahora va quedando en evidencia que se trató de un gravísimo episodio, propio de tiempos más oscuros en los que este país estuvo inmerso. Épocas emparentadas con la dictadura, donde las torturas y desapariciones forzadas de personas eran una práctica habitual.

Además de las detenciones de los policías, durante esos procedimientos llevados a cabo este domingo que pasó fueron allanados los inmuebles donde residen en Laprida, otra de las medidas dispuestas por la titular de uno de los juzgados de Garantías con sede en Olavarría.

La magistrada ordenó que en esas diligencias fueran incautados los teléfonos celulares de los efectivos de seguridad, lo cual también llevaron a cabo los agentes de la PFA que detuvieron a los presuntos autores del homicidio de la joven.

La segunda autopsia

El giro en esta investigación penal estuvo dado por el resultado de una segunda autopsia practicada al cadáver de la joven.

Esa necropsia, días pasados, la habían realizado médicos forenses pertenecientes a la Asesoría Pericial de La Plata. Y el informe preliminar concluyó que Daiana Abregú "no presentaba lesiones en el cuello compatibles con ahorcamiento y que murió por un cuadro general asfíctico".

Para la Comisión Provincial por la Memoria, de activa participación en esta causa en nombre de los familiares de la víctima -a quienes patrocina el penalista olavarriense Sergio Roldán- el resultado de esa segunda necropsia "echa por tierra la hipótesis del suicidio", según se sostenía desde ese organismo no bien se contó con el referido informe.

"La escena en que fue hallado su cuerpo fue armada por los funcionarios policiales para ocultar lo ocurrido", se indicaba también desde la CPM en un comunicado.

Algo similar en ese sentido concluyó la Jueza garante que entiende en esta causa al ordenar las detenciones de los policías acusados. Y con los elementos reunidos hasta el momento en esta Investigación Penal Preparatoria, la magistrada sostuvo anteayer que ese nuevo dictamen pericial dejaba "sin sustento la teoría del suicidio"; y que los policías que ahora están presos "tuvieron contacto directo y permanente con la víctima hasta su deceso. Y por ende, la posibilidad inmediata y efectiva de acometer contra su integridad física".

Si bien no se señala oficialmente en lo investigado, se sospecha que mientras estuvo privada de la libertad en la Estación de Policía Comunal de Laprida a Daiana le inmovilizaron las manos y colocaron en su cabeza una bolsa de nylon, provocando de esa manera que se asfixiara y muriera.

Esa segunda necropsia dejó en evidencia que en el cuello de la joven "no se observó surco de ahorcadura". También, que no presentaba "lesiones en músculos del cuello" ni "alteraciones en laringe" por lo que se decía que había sido un suicidio.

Los especialistas concluían que Abregú murió por un "síndrome general asfíctico" que, según se sostiene ahora, le fue provocado por los policías que están detenidos.

Solicitada por la familia de Abregú -que desde siempre negó que la joven tuviera intenciones de quitarse la vida- esa nueva autopsia la realizaron tres médicos forenses de la Asesoría Pericial de La Plata, llamados María Andrea Noms, Rubén Neme y Claudia Becerra. Y contó con la participación de un perito de parte ofrecido por la CPM y que se llama Mariano Salgado.

"Este resultado y otras pruebas que constan en el expediente obligan a profundizar la hipótesis del homicidio y la responsabilidad de los funcionarios policiales que fraguaron la escena de la muerte", se refería también desde la Comisión Provincial por la Memoria, al mismo tiempo que se solicitaban las detenciones de los efectivos de seguridad ahora imputados.

La nueva hipótesis

Desde los informes de ambas autopsias, fundamentalmente de la segunda, "se construye la hipótesis delictiva", sostuvo la jueza de Garantías San Román cuando hace dos días diera lugar a las medidas de coerción para los policías.

Según lo que se sostenía desde la Acusación cuando fueran solicitadas las cinco detenciones, ese ya referido 5 de junio que pasó, en horas de la tarde, desempeñando tareas en la Estación de Policía Comunal de Laprida los acusados "dieron muerte" a Daiana Soledad Abregú mientras la joven permanecía en uno de los calabozos de esa seccional por lo que, horas antes, había sido su arresto en el marco de una causa contravencional.

"Para efectivizar la muerte de Daiana Soledad Abregú, los aquí imputados actuaron de manera conjunta, mediante distribución de roles (abusando de la potestad que le asiste por su calidad de funcionarios policiales) y aprovechando el estado de indefensión de la damnificada por encontrarse privada de su libertad, sin posibilidad de ser asistida por terceras personas o pedir auxilio, posiblemente esposada; realizando los encartados maniobras de asfixia sobre la víctima, ocasionándole la muerte al provocarle un edema hemorrágico pulmonar con motivo de un síndrome general asfíctico", describió el Fiscal en la presentación para pedir las detenciones de los agentes investigados.

En ese contexto, el Fiscal a cargo de la UFIE con sede en Azul le asignaba a la totalidad de los ahora encausados la comisión del asesinato.

Pero al resolverse favorablemente esos pedidos por la Jueza garante, más allá de ordenar también su arresto desligó, al menos por el momento, al policía Fuhr del homicidio propiamente dicho, considerándolo en esta etapa de la investigación el encubridor de la muerte intencional de la joven.

"Si bien ese día cumplía funciones en la dependencia policial, lo cierto es que se ha determinado que también realizaba recorridas por cuadriculas, lo que presupone su ingreso y egreso constante del centro policial", afirmó San Román. Y agregó: "No puedo tener por abastecida fehacientemente su presencia en la dependencia a la supuesta hora de acaecidos los hechos y situarlo ante ello en un rol activo por acción u omisión homicida, ya que se habría retirado previamente y regresado aparentemente cuando la víctima ya era objeto de maniobras de resucitación, para continuarlas hasta la llegada de los facultativos médicos".

"Lo expuesto determina que, cuanto menos, su actuar se circunscribe a encubrir la escena montada por sus consortes, no develándola, simulando con su actuación el intento de resucitar a la víctima y manteniéndose en sigilo", refirió la Jueza en lo dispuesto.

"De lo relevado puede sostenerse que, desde que Daiana fuera trasladada esposada hasta el interior de la comisaría a las 7:20 de ese día 5 de junio de 2022, luego de certificarse su buen estado de salud y la ausencia de lesiones en el Hospital zonal, se mantuvo ininterrumpidamente bajo custodia de funcionarios estatales hasta su deceso, donde no sólo se atentó y omitió preservar su integridad física; sino que, en un plan conjunto y deliberado en aras de procurar su impunidad, se pretendió instalar una coartada suicida que se viera desmoronada con las resultas del segundo informe autopsíaco", puede leerse en lo resuelto anteayer domingo por la Jueza garante. Y San Román sostuvo también: "No huelga señalar que la fecha de los hechos se condice con un día domingo, con nula afluencia de personas ajenas a la dependencia policial que se ubica en una pequeña localidad de menos de 10.000 habitantes en la provincia de Buenos Aires, lo que resulta favorecedor de un actuar deliberado para ocultar, modificar y alterar la escena del crimen, con una hipótesis de suicidio que, ha quedado 'prima facie' demostrado, resultó falsa".

El dato

Los policías Juliana Zelaya, que tiene 35 años de edad, Adrián Osvaldo Núñez (34), Vanesa Soledad Núñez (35), Pamela Di Bin (25) y Leandro Esteban Fuhr (32) permanecían transitoriamente alojados en seccionales de la Federal con asiento en Azul y Olavarría, a la espera de que se consigan cupos para sus traslados a una unidad penal de la zona. Según lo informado, está previsto que hoy sean llevados a sede judicial para ser indagados.

"Por acción u omisión Ochoteco debe ser investigada"

Sergio Roldán. El penalista olavarriense representa a la familia de Daiana Abregú en la causa que investiga su muerte.

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Sergio Roldán es el abogado que está presentado en esta causa penal como particular Damnificado, en nombre de los familiares de Daiana Abregú.

Según dijo ayer en declaraciones a la agencia de noticias Télam, pidió también que sea investigada la médica forense que realizara la primera autopsia al cuerpo de la joven, tras lo sucedido con ella en la comisaría de Laprida el pasado 5 de junio.

En las actuaciones penales se señala que aquella intervención estuvo a cargo de la azuleña Claudia Ochoteco, quien de acuerdo con lo investigado fue la médica que hizo constar que el deceso de Abregú había sido por ahorcamiento, avalando de esa manera la versión -ahora considerada falsa- de que la joven se suicidó en uno de los calabozos de la Estación de Policía Comunal de Laprida.

"Acá ha habido connivencia de otros funcionarios, vamos a tratar de probarlo en el expediente", declaró el letrado olavarriense a Télam, poniendo especial énfasis en "la médica de la Asesoría Pericial de Azul Ochoteco" -a cargo de la primera autopsia- y en los "dos jefes policiales de Laprida", quienes por orden de la superioridad de la fuerza de seguridad habían sido apartados de esa dependencia y trasladados a Tres Arroyos luego de ocurrido este hecho.

"Por acción u omisión Ochoteco debe ser investigada", declaró Roldán, al asegurar que la médica firmó el primer informe pericial que indicaba que Daiana murió por ahorcamiento, cuando la reautopsia concluyó que no tenía lesiones internas en el cuello ni surco de ahorcamiento y que su muerte fue por asfixia.

"Es una vergüenza, es la que le dice a (el fiscal de Azul José Ignacio) Calonje que era muerte por asfixia mecánica y ni le abrió el cuello", expresó el abogado.

"A Daiana la mataron ellos. Siempre estuvimos seguros", agregó el letrado con relación a los policías que ahora están detenidos. Y dijo también que tiene previsto avanzar sobre el resto de los responsables en la muerte de la joven, sindicados como quienes se encargaron de ocultar el crimen y encubrir a los considerados autores materiales de lo sucedido.

"La mamá se enteró de que su hija había muerto por las redes sociales, no le dejaron ver el cuerpo, todo fue muy raro desde el inicio", refirió también el abogado de los familiares de la víctima de este caso.

La médica Claudia Ochoteco tuvo a su cargo la primera autopsia a la víctima, que concluía que la joven se había suicidado.

NACHO CORREA/ARCHIVO/EL TIEMPO