Luego de un arduo trabajo gremial contra reloj, el pasado jueves la Sociedad Rural de Azul presentó ante la justicia una demanda colectiva contra la Municipalidad de Azul por el nuevo tributo que esta última pretende imponer pese a las advertencias sobre su ilegalidad.

"En mayor o menor medida, la arbitrariedad afecta a la totalidad de los ciudadanos. Hubiéramos preferido ser escuchados, pero -ante la inflexibilidad- no quedó otra que accionar judicialmente, en defensa de los azuleños, en contra de nadie", indicaron desde la entidad.

La medida, patrocinada por los estudios jurídicos Comparato-Velez y Bomchil, implicó, entre otras cuestiones, reuniones informativas, centenares de contactos telefónicos con productores, y recopilación y ordenamiento de la documentación necesaria.

De acuerdo a lo informado, la demanda fue avalada por el mandato de 190 socios, que representan un total de 190.975,80 hectáreas, ni más ni menos que un 29,2 % de la superficie rural de nuestro distrito.

Esa cifra, por demás elocuente, cobra mayor relevancia si se considera que se trata de lo acumulado sólo por una de las varias demandas similares presentadas por el mismo tema. Es de público conocimiento que otro importante número de productores y comerciantes emprendieron acciones por intermedio de los doctores Moroni y Merbilhaa. A eso deben también sumarse aquellos que decidieron optar por litigios particulares.

Como sea, queda en evidencia el malestar generalizado ante una medida ilegal e inconsulta, que se espera pueda corregir la justicia.

Cobrabilidad en la misma línea

La alta tasa de judicialización suma un nuevo indicio sobre el rechazo que provocó la medida impulsada por el oficialismo local.

De acuerdo a las cifras informadas recientemente por el Intendente Sombra, cuestionadas por el Concejal Louge, durante el primer mes de funcionamiento se habría recaudado apenas del 35 al 40 % de lo estimado para esta inédita imposición.

La pobre cobranza proporcional sería aún menor si se toma en cuenta que en ciertos casos los contribuyentes optaron por el pago mensual, trimestral o hasta anual "bajo protesta", lo que implicaría que en caso de revertirse judicialmente la medida, el Municipio podría verse obligado a devolver los montos percibidos.

Aporte del campo a la sociedad

Contradiciendo a lo que señalan algunas fuentes, desde la entidad gremial aclararon que ni la judicialización ni la falta de pago pueden atribuirse a una conducta anti fiscalista o a la falta de solidaridad del sector productivo.

Como demuestran los números, durante enero el Municipio de Azul recaudó en concepto de "Tasa de Conservación y Mejorado de la Red Vial Municipal" alrededor de 35 millones de pesos, con lo que se mantuvo una cobrabilidad histórica cercana al 90 %, pese a evidentes falencias en la contraprestación de ese servicio. A lo antedicho deben sumarse otras obligaciones municipales, como las que se recaudan a través de Guías, y decenas de impuestos provinciales y nacionales, muchos de ellos coparticipables.

Según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina - FADA, en diciembre de 2023 el 59 % de la renta del campo argentino se destinó al pago de impuestos. En otras palabras, de cada $ 100 de renta -ingresos menos costos-, $ 59 fueron a financiar el Estado.

Sociedad Rural de Azul