Una investigación por una infracción a la Ley 23.737, iniciada desde la justicia federal con asiento en Azul, permitió llegar hasta quienes son considerados los proveedores de droga que después era comercializada al menudeo en esta ciudad.

En lo que significó la continuación de esa pesquisa, que desde meses atrás tiene a la espera de ser juzgados a cinco azuleños -dos de los cuales habían sido detenidos en Las Flores en agosto del año anterior, cuando regresaban a esta ciudad trayendo en una camioneta un ladrillo de cocaína- ahora hay ocho imputados más. Entre ellos, tres mujeres.

Desde el Juzgado Federal 1 local, su titular Gabriel Di Giulio ya culminó con las indagatorias a los nuevos investigados, considerados miembros de una organización criminal que entre sus integrantes cuenta con personas de nacionalidad peruana, según lo informado a EL TIEMPO.

Esas audiencias se realizaron de manera remota. Tanto durante el lunes pasado como ayer martes, contando tres de los ahora detenidos con defensas particulares; en tanto que los demás fueron asistidos desde la Defensa Oficial Federal.

El pasado viernes, ese mismo magistrado había ordenado varios allanamientos, diligencias que tuvieron como escenarios objetivos situados en la Capital Federal, en el conurbano bonaerense y en tres cárceles: dos de ellas pertenecientes al Servicio Penitenciario Provincial y una, al Federal.

De esa manera, se realizaron cinco nuevos arrestos; mientras que a tres de los también investigados, actualmente presos, se los notificó en esos penales donde están alojados de esta causa que también los involucra.

Desde la Fiscalía Federal con asiento en Azul, junto con la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) que depende de la Procuración General de la Nación, se trabajó en lo que es considerada la segunda parte de esta pesquisa. Y con nuevos elementos de prueba reunidos en esa investigación -encabezada por María José Buglione, subrogante de la Fiscalía Federal de Azul y contando ahora con el aporte de Patricia Cisnero, la fiscal Coadyuvante de la PROCUNAR- el titular del Juzgado Federal 1 con sede en esta ciudad avaló las realizaciones de los allanamientos y dio lugar a las nuevas detenciones que habían sido solicitadas por la Acusación.

Llevados adelante por agentes de la Policía Federal Argentina y, en las tres cárceles, por efectivos de los servicios penitenciarios bonaerense y Federal, esos allanamientos se hicieron de manera simultánea desde las primeras horas del pasado viernes.

Once de esas diligencias que -al mismo tiempo, derivaron en las detenciones de cinco de los nuevos acusados por esta infracción a la Ley 23.737- se desarrollaron en la Villa 31 de CABA y en los partidos de San Miguel y La Matanza, ubicados ambos en el Gran Buenos Aires.

De acuerdo con lo referido, un objetivo en la localidad de La Tablada, otro en la de Villa Celina, tres en la ciudad de San Miguel y seis en la Villa 31, ubicada en el barrio porteño de Retiro, se convirtieron en escenarios de las diligencias. Y lo mismo sucedió al ser requisadas las celdas que ocupan en tres cárceles los demás investigados.

Fuentes oficiales consignaron que las unidades penales allanadas fueron la 32 y la 47, ambas del SPB y respectivamente situadas en Florencio Varela y San Isidro, y la Unidad V del Servicio Penitenciario Federal, ubicada en Senillosa, en la provincia de Neuquén.

Las detenciones que se hicieron efectivas durante aquellas diligencias fueron de ocho personas que -según lo indicado- "forman parte de una organización criminal destinada a comercializar estupefacientes a gran escala".

Entre los ahora imputados figuran sujetos que eran contactados desde Azul por quienes habían sido detenidos en agosto del año anterior, en ocasión de que ese utilitario en que viajaban de regreso a esta ciudad fuera interceptado por personal policial en una estación de servicios de Las Flores. Un vehículo en cuyo interior, al ser requisado por los efectivos de seguridad, se hallara e incautara un ladrillo de cocaína que pesó más de un kilo.

La sustancia estupefaciente secuestrada en aquel procedimiento, de acuerdo con lo determinado en un principio, tenía como finalidad ser comercializada en Azul por los dos varones que resultaron detenidos en la vecina ciudad mencionada y por tres más que también están procesados y a la espera de ser juzgados.

De esos cinco imputados que tuvo aquella causa, cuatro continúan privados de la libertad; mientras que al hijo de uno de ellos le había sido concedida una morigeración de prisión.

Peruanos y argentinos

Voceros allegados a la tramitación de esta causa refirieron que entre las ocho personas detenidas el viernes que pasó hay cinco de nacionalidad peruana y que las demás son argentinas.

Las mismas fuentes las identificaron como Beatriz Sonia Huamanga Bueno, Pedro Muñoz Amao y Manuel Ulises Calderón Zavaleta e informaron que ellos tres son peruanos.

Durante los allanamientos habían sido arrestados también los argentinos Félix Fernando Arnez Muriel y Vanesa Rocío Díaz.

En tanto, los demás acusados son quienes actualmente están presos en las unidades penales ya mencionadas.

Gerson Paul Muñoz González, peruano también y privado de la libertad en la cárcel del SPF que está en Senillosa, es uno de los imputados. Y también oriundo de Perú, otro varón llamado Yelqui Alexander Méndez Cerquín -actualmente en la Unidad 32 de Florencio Varela- figura ahora entre los investigados por esta infracción a la Ley 23.737; al igual que Andrea Fabiana Vallejos Ruiz, una argentina que permanece detenida en la Unidad 47, el establecimiento carcelario del SPB que tiene su sede en San Isidro.

Además de esas medidas cautelares, los allanamientos desarrollados por efectivos de la División Operaciones del Área Metropolitana Oeste de la Policía Federal Argentina arrojaron resultados positivos para la investigación en curso.

Durante los mismos se habían secuestrado cocaína, marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares, balanzas de precisión, cuadernos, anotaciones y "otros elementos compatibles con el tráfico de estupefacientes", según lo señalado.

De acuerdo con lo que se sostiene hasta el momento, los nuevos detenidos formarían parte de "una organización criminal dedicada al narcotráfico, especialmente con la modalidad comercio y distribución", la cual operaba a través de "puntos estratégicos" en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -tales como los barrios de Flores, Parque Chacabuco y la Villa 31 que está en Retiro, entre otros- y en San Miguel y La Matanza, partidos ambos donde se realizaron también allanamientos ordenados por el Juez Federal de Azul.

La supuesta organización delictiva desarticulada hace cinco días "habría provisto de estupefacientes" a los cinco azuleños procesados y a la espera de ser juzgados, luego de que dos de ellos resultaran detenidos tras lo que había sido aquel secuestro del ladrillo de cocaína en agosto del año anterior, en ocasión de que a ambos los interceptaron en Las Flores cuando en el utilitario mencionado volvían a esta ciudad.

En ese contexto, ahora se los sindica a dos de los peruanos que están detenidos -Gerson Paul Muñoz González y Pedro Muñoz Amao- como los líderes de esta organización.

Al primero de esos varones se lo señala como quien tenía a su cargo, desde la cárcel en Senillosa donde sigue preso, organizar "telefónicamente" estas "maniobras de tráfico de estupefacientes". Y Muñoz Amao -en su lugar de residencia en la Villa 31 de Retiro- se encargaba después de hacer que la droga llegara a los compradores, entre los cuales se vincula a los primeros cinco detenidos que tuvo esta investigación, todos ellos de Azul.

"Los restantes imputados habrían actuado, bajo división de roles, dentro de la órbita de esa misma estructura criminal", indicaron a EL TIEMPO voceros judiciales.

"La investigación tuvo por objetivo ascender en la cadena de responsabilidades, determinando la existencia de una organización criminal dedicada a la comercialización de estupefacientes a gran escala compuesta, al menos, por esos ocho miembros detenidos el pasado viernes; quienes operaban desde CABA al mismo tiempo que tres de ellos lo hacían desde unidades penitenciarias", refirió ayer una fuente judicial allegada a esta causa.

El dato

En algunos de los objetivos allanados el pasado viernes se habían secuestrado medio ladrillo de cocaína -identificado con el logo de un delfín- y más de cuatrocientos gramos de esa misma sustancia. También, cocaína en envoltorios que pesaron en total más de 270 gramos, una piedra de 144 gramos y 177 dosis que contenían ese mismo tipo de droga; pero ya fraccionada y con un peso total cercano a los 160 gramos. Más de doscientos gramos de cogollos de marihuana y varios trozos compactos de esa misma sustancia vegetal, que en total pesaron unos dos kilos, formaron parte también de lo hallado en esas diligencias.