MUERTE EN UNA COMISARÍA
El Fiscal que investiga el deceso de la joven, ocurrido el pasado 5 de junio mientras estaba privada de la libertad en la Estación de Policía Comunal de Laprida, indagó a los oficiales involucrados en lo que a escala penal es considerado un homicidio. A través de sus declaraciones, todos los acusados fueron coincidentes en referir que Abregú se ahorcó en la celda donde permanecía alojada. El Fiscal que investiga el deceso de la joven, ocurrido el pasado 5 de junio mientras estaba privada de la libertad en la Estación de Policía Comunal de Laprida, indagó a los oficiales involucrados en lo que a escala penal es considerado un homicidio. A través de sus declaraciones, todos los acusados fueron coincidentes en referir que Abregú se ahorcó en la celda donde permanecía alojada.
27 de julio de 2022
Los cinco agentes de la Bonaerense investigados por lo que ahora es considerado el homicidio de Daiana Abregú, hecho sucedido el pasado 5 de junio en la Estación de Policía Comunal de Laprida donde la joven permanecía privada de la libertad por una contravención, fueron indagados ayer en Azul por el Fiscal que lleva adelante esta Investigación Penal Preparatoria.
A lo largo de una serie de audiencias que se iniciaron en horas de la mañana y se extendieron hasta alrededor de las 21, los acusados optaron por declarar ante José Ignacio Calonje, el titular de la Unidad Funcional de Investigaciones Especiales, Violencia Institucional y Delitos Carcelarios que tiene a su cargo la tramitación de este sumario penal.
Luego de que los dos varones y las tres mujeres encausados -contando con una orden de Fabiana San Román, la jueza de Garantías que entiende en este sumario penal- resultaran detenidos este domingo que pasó en procedimientos realizados en Laprida, los cuales estuvieron encabezados por el titular de la UFIE y llevaron adelante efectivos de la Policía Federal Argentina, actualmente continúan privados de la libertad.
Transitoriamente uno de esos policías, identificado como Adrián Osvaldo Núñez y de 34 años de edad, permanece en la Delegación Azul de la PFA. Y los demás, llamados Juliana Zelaya, que tiene 35 años de edad, Vanesa Soledad Núñez (35), Pamela Di Bin (25) y Leandro Esteban Fuhr (32) seguían alojados en la Delegación Olavarría de la Policía Federal Argentina.
Cuando hace tres días se llevaron a cabo las detenciones de los efectivos de la Bonaerense que ayer fueron indagados en sede judicial en Azul, para cuatro de ellos -los Núñez, Di Bin y Zelaya- las medidas de coerción fueron ordenadas por ser considerados los probables coautores de un homicidio doblemente agravado por su comisión con el concurso premeditado de dos o más personas y por tratarse de miembros de las fuerzas de seguridad policial en abuso de su función. Y sobre la base de las pruebas colectadas en esta pesquisa y analizadas por la magistrada a cargo del Juzgado de Garantías 1 con asiento en Olavarría, en el caso de Fuhr se ordenó su arresto como el posible autor del encubrimiento agravado de lo que fuera ese crimen que les atribuyen a los demás efectivos de la Bonaerense.
Declararon todos
En medio de un fuerte operativo policial, los imputados fueron siendo trasladados a sede judicial ayer por la mañana en diferentes móviles de la PFA.
Al mismo tiempo, a la UFIE llegaban también los abogados que como defensores los patrocinan en esta causa penal.
Además, en las afueras de la casona -ubicada sobre la calle Colón entre Olavarría y Puan- donde tiene asiento la fiscalía que conduce Calonje fue posible ver a familiares de los agentes investigados por este hecho, quienes desde semanas atrás habían sido apartados de sus funciones por decisión de la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad provincial.
En la previa a desarrolladas estas audiencias en las que todos ellos declararon, en una rueda de prensa -en la que estuvo acompañado por el fiscal General departamental Marcelo Sobrino- el fiscal José Ignacio Calonje aseguró que en la investigación penal que lleva adelante "hay elementos" que hacen presumir que la muerte de Daiana Abregú estuvo ligada a ese homicidio que les atribuye a los policías que ahora están presos.
Vanesa Soledad Núñez, Juliana Zelaya, Adrián Osvaldo Núñez, Pamela Di Bin y Leandro Fuhr desempeñaban funciones en la Estación de Policía Comunal de Laprida cuando el pasado domingo 5 de junio por la tarde fue hallada muerta Daiana Abregú en uno de los calabozos de esa seccional.
Horas antes, la joven había sido arrestada por una contravención en la vía pública de esa ciudad en la que vivía y tenía un pequeño hijo con el que planeaba radicarse próximamente en La Plata, donde estaba anotada para cursar la carrera de Enfermería.
En un principio desde la Policía se informó que su deceso, mientras permanecía privada de la libertad, había obedecido a que se ahorcó utilizando una campera de jeans que llevaba puesta al momento de su arresto. Y una primera autopsia, firmada por una médica de la Asesoría Pericial departamental que depende de la Suprema Corte de Justicia, avalaba esa hipótesis.
Pero una segunda necropsia realizada días atrás por médicos forenses de la Asesoría Pericial de La Plata introdujo una nueva hipótesis en lo sucedido, por lo que la investigación penal se orientó hacia la existencia de un homicidio en ese contexto de encierro en el que permaneciera la joven. Un hecho en el cual ahora se les atribuye responsabilidad penal -cuatro como coautores del crimen y uno como encubridor- a esos cinco policías que fueron detenidos el pasado domingo en Laprida.
Esa segunda autopsia venía siendo solicitada por los familiares de la joven, a quienes patrocina en esta causa Sergio Roldán, abogado olavarriense que también estuvo presente en sede judicial mientras se llevaban a cabo las indagatorias a los agentes imputados.
Además, en representación de la familia de Daiana intervino la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.
"Hay elementos que nos pueden decir que estamos frente a un homicidio y así lo califiqué", afirmó el fiscal Calonje ayer a la mañana en conferencia de prensa, en la previa a que comenzara a tomarles declaraciones a los efectivos de seguridad a tenor de lo que establece el artículo 308 del CPP.
En el informe surgido del resultado de la segunda autopsia se menciona que en el cuerpo de la joven se "constataron hallazgos compatibles con un síndrome general asfíctico", sin que se advirtiera surco de ahorcadura, lesiones en los músculos del cuello ni alteraciones en la laringe y el hueso hioide. Signos estos que serían compatibles con aquella primera versión que indicaba que Abregú -que tenía 26 años de edad- se había ahorcado con su campera, explicación que era sostenida desde la Policía y figuraba como avalada por la médica a cargo de la primera necropsia.
Pedro según lo que ahora sostiene el fiscal Calonje, lo cual reflejara cuando días atrás pidiera las detenciones de los cinco policías, entre todos ellos habían actuado "de manera conjunta" y "mediante distribución de roles (abusando de la potestad que les asiste por su calidad de funcionarios policiales)" para ultimar a la joven, aprovechando que el día de ocurrido este hecho ella se encontraba privada de la libertad. Y con relación a las circunstancias en que este homicidio habría ocurrido, el funcionario judicial afirma que sobre Abregú los policías realizaron "maniobras de asfixia" que derivaron en su deceso a causa de "un edema hemorrágico pulmonar".
Al menos oficialmente no se sabe todavía, sobre la base de esta nueva hipótesis que derivara en las detenciones de los efectivos de la Bonaerense, cuáles fueron los roles que desempeñaron cada uno de ellos como coautores de la muerte de Daiana. Y tampoco se conoce en qué consistió específicamente ese accionar, que de acuerdo con algunas versiones podría haber estado ligado a que, estando sus brazos inmovilizados, a la joven le hayan colocado en su cabeza una bolsa de nylon hasta provocar que se asfixiara y muriera.
"Se suicidó"
Los abogados de los policías objetan el resultado de la segunda autopsia y mantienen la versión inicial de que Daian Abregú se suicidó en ese calabozo de la Estación de Policía Comunal de Laprida donde estaba arrestada. El mismo relato que ayer, con sus respectivas declaraciones ante el Fiscal que los acusa, refirieron los agentes que están presos.
Esa hipótesis volvieron a señalarla ayer los defensores en diálogo con los medios, durante lo que fueron las indagatorias a los policías que ahora patrocinan en esta investigación penal.
"La víctima no fue torturada ni la mataron. Se suicidó, es contundente. Hay una omisión en las consideraciones de la segunda autopsia, donde omiten que la extracción del surco de ahorcadura se hizo en la primera pericia, donde le extrajeron ocho centímetros de cuello y no describen que esa ausencia fue producto de una intervención previa", había dicho en sede judicial a la prensa Carlos Fernández, que patrocina al oficial Adrián Núñez, uno de los considerados coautores de este homicidio doblemente agravado.
Para el abogado César García, defensor de la policía Vanesa Núñez, también existen elementos que indican que Daiana Abregú "se suicidó".
"Mi defendida la ve colgada con su campera de jeans, le empieza a hacer reanimación, luego llega el médico de Policía", afirmó ayer el letrado, quien también sostuvo que "la primera autopsia se realiza a las pocas horas y se visualizan marcas y surco de ahorcadura. En la segunda no se ve porque en la primera diseccionaron el cuello de Daiana para enviar esa muestra a analizar. A la vista, en la segunda (necropsia) el surco no puede verse porque se diseccionó el tejido".
"Mi defendida se encuentra embarazada en estado delicado y va a prestar declaración diciendo lo mismo que me dijo a mí y respondiendo cualquier tipo de pregunta", había adelantado ese abogado, en la previa a que Vanesa Soledad Núñez fuera la primera en ser indagada.
El dato
La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires se presentó como querellante en la causa que investiga el crimen de Daiana Abregú. A cargo de Matías Moreno, ese organismo acompañó, asesoró y brindó contención a la familia de la joven. De acuerdo con lo explicado desde esa subsecretaría, la misma tiene la facultad de presentarse como querellante particular damnificado institucional a partir de un decreto del gobernador Axel Kicillof, relacionado con "la lucha contra la violencia institucional".
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