La detención de una pareja de nacionalidad boliviana que llevaba en una camioneta más de ocho kilos de cocaína fue convertida en prisión preventiva, informaron ayer fuentes judiciales a EL TIEMPO.

Los procesamientos para el varón y la mujer investigados por esta infracción a la Ley 23.737 fueron ordenados por Gabriel Di Giulio, el titular del Juzgado Federal 1 con asiento en Azul.

A escala penal, ese magistrado les atribuye a ambos acusados la probable comisión -a título de coautores- del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia ilegítima con fines de comercialización. Y a través de lo decidido en esta instancia el Juez Federal azuleño no descarta que, con "el devenir y avance del procedimiento", ese encuadre penal mencionado "pueda variar a la modalidad de Transporte Ilegítimo de Estupefacientes" para los dos investigados.

Tanto el varón como la mujer -oriundos de Bolivia y con actual domicilio en el Gran Buenos Aires- habían sido aprehendidos durante un control vehicular de rutina que sobre la Ruta Nacional número 3, en jurisdicción de Las Flores, realizaban agentes del Destacamento de Seguridad Vial con asiento en esa vecina ciudad.

Las actuaciones penales iniciadas por esta infracción a la Ley 23.737 -tal lo que este Diario informara días atrás en su edición web- datan de los primeros minutos del pasado 4 de enero.

Aquel día sábado ambos ahora imputados viajaban en dirección Norte-Sur por la mencionada ruta estatal en una camioneta Volkswagen Amarok de color blanca en cuyo interior, al ser requisada, los policías hallaron y terminaron secuestrando ocho panes de cocaína que en total pesaron "8 kilos y 430 gramos".

Al momento de resultar arrestados ante el hallazgo de la droga en esa camioneta en que viajaban, el conductor del rodado fue identificado como Hugo Menchaca Ramírez, de 43 años de edad, y su acompañante como Sofía Rojas Chamvi (30).

Tras ser aprehendidos en Las Flores, posteriormente los dos fueron traídos a Azul para ser indagados en el Juzgado Federal 1.

En esas audiencias ambos estuvieron asistidos por el defensor Oficial Patricio Varela y optaron por negarse a declarar por esta infracción a la Ley 23.737 que les continúan atribuyendo. La situación que el viernes pasado se tradujo en que el varón y la mujer fueran procesados con respectivas prisiones preventivas.

Las medidas cautelares para los investigados ordenadas por el juez Federal Gabriel Di Giulio habían sido solicitadas por la fiscal Federal subrogante María José Buglione, quien lleva adelante la tramitación del sumario que involucra al hombre y a la mujer de nacionalidades bolivianas.

Luego de esas indagatorias desarrolladas en Azul ambos quedaron detenidos, hasta que hace cinco días se conocieron sus respectivos procesamientos con prisión preventiva.

"La gravedad de los hechos imputados, la cantidad de droga que prima facie se habría traficado, la escala penal prevista para el delito -que va desde los cuatro a los quince años de prisión ante eventuales condenas- y la carencia de datos precisos para individualizar el domicilio o residencia de los imputados y, por ende, su arraigo" se convirtieron en circunstancias valoradas por el Juez Federal azuleño para disponer los procesamientos de los dos.

"De momento no existen elementos de juicio para atribuir al traslado de los estupefacientes de manos de los imputados una comisión o mandato por cuenta y orden de un tercero", señaló el Juez en lo resuelto. Y agregó: "Los elementos ponderados hasta la fecha permiten inferir razonablemente que la droga se encontraba bajo su detentación ilegal con fines de comercialización", circunstancia que el magistrado asoció a "la cantidad" secuestrada y a que esos más de ocho kilos de cocaína estaban acondicionados en panes, lo cual "revelaría que su destino no era directamente el consumidor final como último eslabón de la cadena de tráfico".

También Di Giulio, al procesar a la pareja, sostuvo que "la acción de trasladar los estupefacientes de un lugar a otro converge en la misma conclusión, desde que el referido movimiento es propio del comercio de estupefacientes". Y les continuó atribuyendo la misma coautoría penal a ambos encausados, "quienes, en principio, exhiben unidad de designio", ya que "residen en el mismo domicilio y se trasladaban ambos con los estupefacientes".

"Por otra parte, existen medidas de prueba pendientes de producción que podrían develar, eventualmente, la intervención de terceras personas. En función de ello, existen riesgos ciertos de frustración de las medidas de no adoptarse la provisoria medida cautelar privativa de libertad", señaló el magistrado en lo resuelto este viernes que pasó con relación a la situación procesal de la pareja.

Cuando ese sábado 4 de enero pasado los policías interceptaron -a la altura del kilómetro 187 de la Ruta 3- la camioneta en que Menchaca Ramírez y Rojas Chamvi viajaban, los agentes de Vial Las Flores advirtieron que la pareja respondía "con evasivas" a las preguntas que se les hacían.

Por ese motivo, tras constatar que la documentación personal de ambos y la del rodado estaban en regla, decidieron requisar el vehículo. Y en esas circunstancias, detrás del respaldo del asiento del conductor -que Menchaca Ramírez afirmó que no se podía rebatir pero que sí podía hacerse- se hallaron esos ocho panes de cocaína.

Junto con la droga, durante el procedimiento los agentes de Vial recogieron un teléfono celular, varios tickets y dinero en efectivo, en una suma superior a los 390 mil pesos.

No bien las aprehensiones de los investigados fueron convertidas en detenciones, el hombre quedó privado de su libertad en la DUOF de la Policía Federal con sede en Azul y su pareja, en la Subcomisaría de Chillar. De quedar firme sus procesamientos, ambos deberán ser llevados a cárceles del Servicio Penitenciario Federal.

El dato

El procesamiento para la pareja incluyó, además, que el Juez Federal que entiende en esta causa trabara embargo sobre sus bienes personales "hasta cubrir las sumas de tres millones de pesos cada uno", según se menciona textualmente en lo resuelto.