En el ámbito de la Justicia, al menos de la departamental Azul, no existían antecedentes de una resolución como aquella que el 11 de mayo firmara el magistrado Juan José Suárez.

Inmediatamente a que se hiciera público lo decidido por el titular del Juzgado de Garantías 3, la novedad se replicó en todos los medios de prensa, hasta en los más masivos y de alcance nacional.

Lo dispuesto en ese entonces indicaba que un joven que está acusado de haber matado a su pareja, una adolescente azuleña que tenía 17 años, comenzara a gozar de una morigeración a la prisión preventiva que hasta ese momento lo tenía alojado en una cárcel. Y que ese beneficio implicara que empezara a cumplir arresto domiciliario en la casa de esta ciudad donde viven los padres de la víctima que tuvo este hecho, sucedido en un campo del Partido de Benito Juárez el 11 de agosto de 2020.

Lo que resolviera el Juez de Garantías que intervino en la instrucción de este sumario penal, ya elevado a juicio en primera instancia, se convirtió inmediatamente en una situación de características inéditas.

Pero tenía su explicación en lo manifestado en una audiencia previa a conocerse la decisión del magistrado, a través de la cual los padres de la menor víctima de este homicidio se ofrecieron como garantes para que en su casa el joven siga privado de la libertad, tal como hasta el momento continúa sucediendo.

La chica que falleció en el marco de lo que fuera el hecho convertido en materia de esta investigación penal que ya está concluida se llamaba Rocío Ayelén Sañudo.

Conviviendo en un campo del Partido de Benito Juárez con su pareja y ahora imputado -de lo que a escala penal continúa siendo un homicidio agravado por el vínculo y por el empleo de arma de fuego y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización, delitos considerados como cometidos "en concurso ideal de acciones"- se había producido aquel luctuoso suceso que acabó con su vida.

Kevin Herrera Ullúa, tal el nombre del acusado, convivía con Rocío Sañudo cuando -ese ya referido 11 de agosto de 2020- la adolescente recibió un disparo proveniente de una carabina.

Desde siempre, una vez que fuera aprehendido como el autor del hecho, el joven declaró que el arma de fuego se accionó de manera accidental cuando, al correrla para que la menor fuera a bañarse, se efectuó ese disparo que acabó con la vida de la chica.

Pero una pericia determinó que esa carabina -a diferencia de lo que Herrera Ullúa sostiene- no pudo haberse disparado nunca de forma fortuita.

Los padres de Rocío Sañudo creen en la versión del joven, a quien lo consideran una persona que lejos estuvo de querer matar a la chica. Y en carácter de tal, se ofrecieron como garantes para que siga privado de la libertad en esa casa de Azul donde ambos viven, ubicada en cercanías al Cementerio Municipal.

En la resolución de mayo que se tradujo en el otorgamiento del beneficio para el trabajador rural imputado, el Juez de Garantías destacó "la increíble calidad humana de la familia de Rocío, respecto de la que hubiera sido perfectamente entendible que buscara algún tipo de venganza contra el sospechoso como forma de atenuar tanto dolor".

"Pero, por el contrario, ellos buscaron desde el inicio del proceso ayudar a quien fuera pareja de su hija. Tanto es así que durante la audiencia -había escrito el magistrado al aludir a lo que habían sido las actuaciones previas a lo que resolviera- el Sr. Sañudo refirió que la concesión de la morigeración solicitada en favor de Herrera sería un aliciente entre tanto sufrimiento".

"Al ingresar en el estudio de una posible atenuación de la coerción que sufre Herrera Ullúa -tal como finalmente sucediera- cobra relevancia lo dicho por los padres de Rocío, cuya actitud merece mi mayor respeto y me exime de palabras", había señalado el titular de Garantías 3.

"Esos padres, desde el mismo momento en que aconteció el lamentable suceso, acompañaron a quien resulta sospechado por el crimen de su hija. No sólo creyendo en su inocencia, sino además preocupándose y ocupándose de su bienestar. Tanto es así que procuraron facilitarle asistencia letrada, han visitado con regularidad al encartado en su lugar de alojamiento llevándole provisiones y se han ofrecido como garantes del cumplimiento por parte de Herrera Ullúa de una eventual morigeración de su coerción, llegando al extremo de poner a disposición su propio domicilio como lugar de cumplimiento del arresto domiciliario solicitado", agregó el magistrado Juan José Suárez.

"En mi experiencia nunca he tenido que resolver una situación como la expuesta ni tampoco he conocido casos similares", admitió el titular del Juzgado de Garantías 3 en aquel entonces, para después terminar concediéndole la morigeración de prisión al trabajador rural de 22 años de edad, quien a la espera del juicio con jurados al que deberá ser sometido por este caso sigue preso en la casa de los padres de esa adolescente con la que convivía y está acusado de haber matado.